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MADRID, 27 (EUROPA PRESS)

La Defensora del Pueblo ha tachado en su 'Informe Anual 2014' de “dispar” la respuesta de las Administraciones Públicas en España en la lucha contra los problemas nutrición infantil en España con motivo de la crisis económica, y ha urgido a “avanzar” en la adopción de medidas efectivas y en la colaboración interadministrativa para prevenir y paliar la situación.

Pese a que reconoce que “se ha extendido entre las administraciones una conciencia clara de la importancia de actuar”, asegura que “debe avanzarse aún” para lograr que cobre “la mayor importancia posible”, y una mayor colaboración entre las distintas administraciones e instituciones.

Así, ha recordado que, a lo largo de 2014, la Oficina del Defensor del Pueblo ha realizado un total de 19 recomendaciones a distintas administraciones para que durante el periodo estival no se cerraran los comedores que durante el curso garantizan al menos una comida al día, o para que adoptaran, en definitiva, “las iniciativas necesarias, para proporcionar o reforzar la alimentación de los niños en situación de mayor vulnerabilidad durante las vacaciones escolares”.

EL ESTIGMA SOCIAL NO ES EXCUSA

En este sentido, el informe critica la respuesta de varias administraciones autónomicas (todas excepto Andalucía, Comunidad Valenciana, Aragón, Canarias, Cataluña y las ciudades autónomas) que se mostraron “contrarias a la apertura de los comedores escolares para los menores en riesgo de exclusión social durante el periodo escolar, aludiendo al posible efecto estigmatizante que pudiera tener para ellos y sus familias”.

Para la defensora del pueblo, el supuesto estigma “debe considerarse” pero, “no resulta suficiente para rechazar de plano dicha posibilidad si no se adoptan otras medidas alternativas”.

“El interés de la institución se centraba en asegurar la existencia de una red de garantía para proporcionar alimentación adecuada durante el periodo estival. Si esto debe hacerse en los comedores habituales o en iniciativas paralelas es una cuestión de menor importancia”, ha subrayado.

ESTABLECER VARIAS VÍAS DE AYUDA

Por otra parte, advierte de que las medidas adoptadas por algunas de las comunidades autónomas resultan “insuficientes” y que “probablemente” lo más adecuado para hacer frente al riesgo de malnutrición de los menores en riesgo de exclusión sea “establecer varias opciones a un tiempo”.

En este sentido, ha puesto como ejemplo a la comunidad de Aragón, donde “además de mantener los comedores abiertos se ha publicado una convocatoria de ayudas de carácter extraordinario, dirigidas a familias que no puedan acceder al servicio de comedor”.

En el caso de otras regiones donde se han adoptado medidas, que a juicio del Defensor pueden resultar insuficientes, ha señalado La Rioja, donde se han creado ayudas económicas específicas para familias con hijos a cargo, de modo que las necesidades de los niños puedan atenderse en el propio domicilio. “Esta medida, por sí misma, resultará insuficiente si no se acompaña de una mayor agilidad en el tratamiento de estas solicitudes”, ha advertido.

“Varias administraciones autonómicas afirman que los remedios más adecuados para los problemas de nutrición infantil son potenciar las rentas mínimas o las ayudas de emergencia. Sin embargo estas medidas están ya implantadas y lo cierto es que diversos estudios han alertado en el último año de que el problema persiste”, recuerda el informe.

FALTA DE COLABORACIÓN DE LAS ADMINISTRACIONES

Becerril advierte también en el informe de la necesidad de avanzar para lograr que la lucha contra la malnutrición obtenga “mayor implicación y colaboración institucional”.

Así, ha destacado el caso de la Comunidad de Madrid, donde al finalizar el curso escolar 2013-2014, dicha administración alegó que “al cesar las actividades académicas, la posible apertura de las instalaciones escolares y de los comedores correspondería a los ayuntamientos, como propietarios demaniales de las instituciones”.

“Precisamente las Recomendaciones se enviaron a las respectivas Consejerías de Presidencia de los gobiernos autónomos para hacer patente que un esfuerzo de esta naturaleza debe ser parte de un plan que integre los esfuerzos de las diversas administraciones territoriales concernidas”, ha puntualizado la defensora del Pueblo.

Por ello, Becerril ha concluido subrayando que “en tanto las circunstancias económicas no permitan superar los problemas de

muchas familias no resulta razonable que mecanismos que suponen una garantía esencial para muchos menores, como son los comedores y las becas de comedor, se vean interrumpidos durante los periodos vacacionales sin prever paralelamente que las necesidades de una parte de los menores persisten durante estos periodos”.