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El presupuesto de la institución ha caído más del 12% desde 2009

MADRID, 26 (EUROPA PRESS)

La Oficina de la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril, incrementó sus actuaciones de oficio un 41 por ciento el año pasado, cuando inició 489 expedientes que en la mayoría de los casos versaban sobre inclusión educativa de alumnos con discapacidad, supervisión de acogida de inmigrantes, problemas sobre pobreza energética, cortes de suministro eléctrico y sistemas de facturación. En total, recibió 23.186 quejas ciudadanas, cifra en línea con la registrada el año anterior.

Así lo recoge el informe anual de la institución que Becerril ha presentado este miércoles a los presidentes del Congreso, Jesús Posada, y el Senado, Pío García Escudero; en la Cámara Baja, y del que se desprende que las cuestiones que más preocuparon a los ciudadanos a lo largo de 2014 versaron sobre asuntos sociales, como percepción de rentas mínimas o prestaciones de dependencia; problemas sobre impuestos estatales, autonómicos y locales; y retrasos en la administración de justicia.

Sobre las actuaciones de oficio, 146 iban dirigidas a la Administración General del Estado, 170 a la autonómica y otras 107 a las administraciones locales. El informe destaca una remitida al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad para conocer “si está habiendo retrasos en la incorporación de nuevos medicamentos innovadores” para el tratamiento del cáncer, y otra dirigida a la Secretaría de Estado de Economía y Apoyo a la Empresa a fin de que las entidades financieras apliquen la sentencia del Supremo que anuló las cláusulas suelo.

En rueda de prensa, Becerril ha destacado no obstante otras actuaciones en las que la institución ha hecho “especial hincapié”, como la necesidad de una ley de segunda oportunidad “para las familias que no pueden hacer frente a sus deudas”, medida anunciada este martes en el Congreso por el presidente del Gobierno.

“Esperaremos a ver cómo se desarrolla el Real Decreto que tendrá que modificar la legislación actual para dar una amplia cobertura que no sea costosa ni gravosa y sea rápida, para que un alto número de familias puedan reestructurar su deuda mediante quitas y alargar los plazos igual que la ley concursal permite hacer a las empresas”, ha señalado.

Asimismo, ha dicho que otra de estas cuestiones ha sido “la eliminación de la plusvalía municipal tras una dación en pago de una vivienda”, algo que “por fin se ha conseguido”, o que se haya tenido en cuenta una demanda de la institución en la reforma fiscal, a fin de que las subvenciones que reciben ONG y asociaciones, por ejemplo, “no tengan que devengarse o declararse hasta que no se reciban”, ya que “no vale con decir 'te lo voy a dar'”.

Otro de los asuntos que más han preocupado a la institución es “que miles de niños puedan seguir recibiendo por el procedimiento y manera que digan las comunidades autónomas, la comida habitual” una vez haya terminado el curso escolar. “Alguna institución dijo que eso podía suponer una discriminaciión y yo me niego a aceptarlo. La única discriminación es no tener la comida que un niño debe tener todos los días del año”, ha sentenciado Becerril.

En cuanto a las quejas, a las 23.186 de los ciudadanos que recibió la institución se suman 289 peticiones de recurso de inconstitucionalidad. Del total, 1.820 procedían de parlamentos autonómicos y cuatro de defensores del pueblo regionales. Parte de las comunicaciones iban suscritas por un grupo de ciudadanos, así que en suma, acudieron 69.916 personas a la institución el año pasado. Otras 20.088 fueron atendidos personalmente, 3.426 de forma presencial y 16.662 por teléfono.

FUNCIÓN PÚBLICA, ECONOMÍA, EDUCACIÓN

Por sectores, el número mayor de quejas 4.604, versaban sobre Función y empleo públicos, seguido por actividad económica (1.889), Urbanismo (1.600), Educación (1.403), política social (1.347), Administración de justicia (1.283), hacienda pública (1.261) y seguridad social (1.198). El 65,82 por ciento de los expedientes habían concluído al cierre del año.

Según el balance estadístico de la institución, su primera respuesta tardó de media en llegar al ciudadano 36,42 días, mientras que la resolución definitiva se demoró de media 57,36. La administración que más tardó en responder al requerimiento del Defensor del Pueblo fue la Fiscalía, con una media de 102 días, seguida de la Administración Local, que tarda unos 95 y la autonómica, en torno a 89 días. El Estado tardó de media 70 días en contestar.

Consecuencia de estas quejas, el Defensor del Pueblo formuló ante las distintas Administraciones 467 recomendaciones y 604 sugerencias de las que siete de cada diez fueron admitidas, lo que para Becerril significa que “en general la administración responde”. En concreto, 217 recomendaciones se admitieron, 84 se rechazaron y 166 están pendientes de respuesta. De las sugerencias, la admisión fue de 234, frente a 103 rechazadas y 267 aún pendientes.

ADMINISTRACIONES “HOSTILES”

No obstante, no todas las administraciones responden con diligencia. El Informe, como cada año, recoge una lista de entidades “hostiles o entorpecedoras” de su labor, en la que figuran, de la Administración General del Estado, la Gerencia Territorial del Catastro en Segovia, y total de siete ayuntamientos (Santomera, Porto do Son, Llanes, La Unión, Camarma de Esteruelas, Buñol y Carabaña) y dos entidades locales (Junta Vecinal de Galarde y Entidad Local Menor de Ayega).

Respecto a los recursos de inconstitucionalidad, ciudadanos, partidos políticos o asociaciones instaron al Defensor del Pueblo a acudir al alto tribunal contra 23 normas, la mayoría leyes emanadas de las Cortes Generales y reales decretos-ley aprobados por el Gobierno, como la Ley Orgánica de Mejora de la Calidad de la Enseñanza (LOMCE), la de Racionalización de la Administración Local o los Presupuestos Generales del Estado para 2014. También se le pidió el recurso contra normas autonómicas, como la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha.

Finalmente, la Defensora presentó recurso de inconstitucionalidad contra el Real Decreto-ley 14/2013, de 29 de noviembre, de medidas urgentes para la adaptación del derecho español a la normativa de la Unión Europea en materia de supervisión y solvencia de entidades financieras a instancia de un parlamentario nacional, porque atribuye al ejecutivo municipal competencias que son del Pleno del Ayuntamiento, facultándole a adoptar medidas económicas aunque hayan sido rechazadas en votación.

El Defensor del Pueblo ha introducido un capítulo este año específico sobre transparencia en el que detalla tanto su presupuesto como el destino del mismo. En 2014 contó con 13,9 millones de euros, un 0,5% menos que el año anterior, de los que 11,5 se fueron a gastos de personal (449.000 euros en altos cargos y 8,4 millones en funcionarios) y 2,4 millones para gastos corrientes, con un descenso del 0,46 y el 0,65 por ciento, respectivamente, en comparación con 2013. Desde 2009 la partida ha caído un 12,63%.

Para Becerril, “una administración transparente no es sólo la que publica los sueldos”, cino la que “responde al ciudadano cuando tiene que responder” y que cuando se equivoca, “rectifica”. En este sentido, ha destacado que a través de la web de la institución, quienes interponen una queja pueden seguir a tiempo real el estado de la tramitación utilizando una clave personal, opción que el año pasado ejercieron cerca de 3.000 personas.