Compartir

El PP ha concluido, tras analizar el informe del Tribunal de Cuentas sobre la Cuenta General de Castilla-La Mancha en el ejercicio 2012, que la gestión del Gobierno de María Dolores de Cospedal “fue impecable” y que hizo “lo que tenía que hacer” ante la “pésima” situación económica heredada. Mientras, el PSOE ha instado al Ejecutivo a que cambie su política económica, pues solo en ese año la Administración regional “sacrificó” a 10.000 empleados públicos por cumplir con el déficit, objetivo que finalmente “no ha conseguido”.

Este es el análisis enfrentado que PSOE y PP han hecho del informe de fiscalización de la Cuenta General del 2012 que ha realizado el Tribunal de Cuentas tras la desaparición de la Sindicatura de Cuentas durante la Comisión de Economía que se ha celebrado este miércoles en las Cortes, donde la mayoría 'popular' ha rechazado el dictamen que los socialistas han hecho de dicho informe.

La diputada socialista Delfina Carrasco ha iniciado su intervención admitiendo que si bien la Cuenta General de 2012 ofrece datos “positivos”, como en años anteriores, también evidencia “recortes, austericidio y una política encaminada a conseguir el objetivo de déficit que no logró a costa de sufrimiento de los castellano-manchegos”.

Productividad ilegal del SESCAM

A reglón seguido, ha pedido a los directivos del Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM) que devuelvan una productividad que han cobrado de forma ilegal, tal y como ha desvelado el propio Tribunal de Cuentas, que ha concluido que cobraron esa retribución de forma mensual cuando tenía que ser anual, incumpliendo de este modo la Ley de Medidas Complementarias.

A juicio de la parlamentaria socialista, dicho informe también denuncia que en los presupuestos que el Gobierno regional hizo para 2012 hubo un incremento del gasto del 26,5 por ciento, que se produjo una modificación de presupuesto sin contar con financiación específica y que ha habido incidencias en los procesos de contratación administrativa.

De igual modo, ha denunciado que la política económica del PP “sólo provocó despidos, disminución de salarios, destrucción de ayudas y de planes de empleo”, de tal modo que el Tribunal de Cuentas ha constatado que en 2012 la Junta de Comunidades despidió a 10.000 personas, de los que 6.000 eran docentes y más de 3.000 del Sescam. Todo ello, ha criticado, en aras de cumplir con el objetivo déficit que no ha conseguido.

Carrasco también ha aludido a que el Tribunal de Cuentas ha amonestado al Ejecutivo regional por haber retrasado hasta el 31 de octubre la entrega de la cuenta general, cuando tenía que haberla presentado el 30 de junio, y que no haya reflejado en ella los proyectos financiados con fondos de compensación y complementarios.

Gestión económica “eficiente”

Por su parte, el parlamentario 'popular' José Manuel Tortosa ha defendido que por medio de este informe el Tribunal de Cuentas ha determinado que la gestión del Gobierno de Castilla-La Mancha respetó la legalidad vigente de forma “escrupulosa”, al tiempo que resalta su “eficiencia” en la gestión económica.

Según Tortosa, partiendo de la premisa de que el Tribunal reconoce que el Gobierno de Castilla-La Mancha arrastra en este ejercicio “el lastre de la gestión socialista”, su informe avala que las ampliaciones y las modificaciones de crédito ejecutadas en el 2012 han sido para “dar respuesta a todos aquellos pagos pendientes de ejercicios anteriores” y responden, fundamentalmente, al mecanismo de pago a proveedores.

En cuanto a la deuda pública, el diputado del PP ha defendido que el Tribunal de Cuentas ha constatado un crecimiento de la deuda pública fruto del paso de la deuda comercial a deuda financiera, como consecuencia del fondo a proveedores.

A renglón seguido, ha lamentado que los socialistas hayan criticado la gestión del déficit que ha hecho el Ejecutivo de Cospedal, cuando ha puesto en valor que en un solo ejercicio haya sido capaz de reducirlo en un 80 por ciento, pasando de 2.789 a 557 millones.

Sector público “insostenible”

En cuanto a la destrucción de empleo público, el diputado 'popular' ha defendido que en Castilla-La Mancha en 2012 “hubo que tomar medidas durísimas”, como a su modo de ver ha reconocido el Tribunal de Cuentas, y ha explicado que esa política en materia de empleo es “fruto de la reordenación del sector público insostenible, pues había un entramado de empresas públicas que escapaban al control de fiscalización año tras año, como denunciaba el Síndico de Cuentas”.

No obstante, se ha mostrado convencido de que ese coste, “a corto y medio plazo tendrá efectos positivos en economía de la región y la creación de empleo”.

Tras precisar que el Gobierno regional, después de la recomendación del Tribunal de Cuentas se ha comprometido a volver a presentar la cuenta general a 30 de junio, ha concluido señalando que este organismo ha hecho recomendaciones “puntuales de forma” a la gestión del Ejecutivo de Cospedal, sin que haya consideraciones de “relevancia”, pues el plan económico puesto en marcha en Castilla-La Mancha ha sido “un manual de referencia para otras comunidades autónomas”.

Comparecencia del TC

Previamente al debate, la diputada socialista ha pedido que la comisión celebrada este miércoles se pospusiese para contar con la comparecencia de un representante del Tribunal de Cuentas, en aras de esa “máxima transparencia” que ambos partidos propugnan y persiguen.

Delfina Carrasco ha dicho no entender que un representante del Tribunal de Cuentas vaya a acudir el próximo 10 de marzo al Congreso de los Diputados para exponer el informe de la Cuenta General de Castilla-La Mancha y no pueda hacerlo en el Parlamento regional.

La mayoría 'popular' ha rechazado la petición de los socialistas alegando que esta propuesta es “totalmente absurda”, sobre todo cuando es un Gobierno del PP, “haciendo un ejercicio de total transparencia” el que ha traído a las Cortes “en el plazo establecido” las cuentas generales y los informes fiscalizadores, “a diferencia de lo que hacía el Ejecutivo socialista”. Tortosa ha añadido que los representantes del Tribunal de Cuentas no acuden a ninguna comunidad autónoma a presentar sus informes.