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Y estudian emprender acciones jurídicas por los “mayores recortes de la historia” de Muface e Isfas

MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

Sindicatos de funcionarios, policías, guardias civiles y militares han denunciado han presentado una queja formal ante el Gobierno y el Defensor del Pueblo por los recortes en la atención sanitaria que reciben a través de sus mutuas, Muface e Isfas, que están sufriendo desde enero, y piden una solución urgente a este problema porque está afectando a patologías graves “que no pueden esperar”.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSI-F), la Confederación Española de Policía (CEP), la Asociación de Española de Guardias Civiles (AEGC) y la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME) han denunciado problemas en la continuidad asistencial de los pacientes después de que ambas mutuas hayan reducido su oferta hospitalaria y de especialidades médicas a partir de enero de 2015, y han avanzado que están estudiando emprender acciones jurídicas si no se resuelve la situación.

Además, han exigido una reunión urgente con el ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, para trasladarle personalmente estos problemas y conseguir “una asistencia sanitaria de calidad” como la que recibían hasta diciembre de este año, y prevén la organización de asambleas informativas dirigidas a los trabajadores afectados en los diferentes ámbitos de la Administración.

Junto a estas acciones, han lanzado una campaña en redes sociales bajo el lema '#SalvemosMufaceIsfas' y una recogida de firmas a través de la plataforma Change.Org que, en solo dos días, han recabado el apoyo de más de 16.000 personas.

RECORTES EN MÁS DE 20 PROVINCIAS

“Se han producido los mayores recortes en oferta sanitaria de la historia del mutualismo administrativo, nunca había ocurrido nada semejante”, ha denunciado Eliseo Moreno, secretario de Acción Sindical de CSIF, que ya ha constatado problemas en más de 20 provincias españolas.

Los recortes incluyen interrupciones de tratamiento de patologías graves, peregrinaje burocrático para conseguir la continuidad asistencial, desconocimiento del lugar idóneo para la asistencia sanitaria o desatención en áreas rurales, lo que está dando lugar a “innumerables” quejas de los pacientes y a “mucha desinformación”.

“Están complicando la vida a muchos pacientes y los que más lo sufren son los que tienen patologías graves”, como los enfermos de cáncer, ha añadido Moreno, que denuncia que se están “complicando procesos que antes se solventaban de forma rápida y ahora las compañías tardan mucho en contestar y marean”.

PACIENTES “DESAMPARADOS”

Raúl Lobato, secretario de Relaciones Institucionales de la AEGC, también ha aseverado que hay muchos guardias civiles con enfermedades graves que se encuentran “desamparados” y actualmente no saben si podrán continuar con los tratamientos que ya han iniciado.

Por su parte, el secretario general del CEP, Antonio Labrado, ha lamentado que sean considerados “ciudadanos de segunda” pese a “jugarse la vida” en su trabajo, y avisan de que estos recortes en su atención sanitaria puede repercutir “en los servicios que prestan a los ciudadanos”.

Actualmente el 80 por ciento de los empleados públicos optan por recibir asistencia sanitaria a través de las mutuas, a pesar de que en los últimos cinco años el Gobierno ha reducido en unos 120 millones la partida presupuestaria. Y pese a los recortes, los datos provisionales de 2015 muestran como solo un pequeño porcentaje se ha pasado a la sanidad pública, según datos de CSI-F.

Por ello, defienden que el Gobierno, a través del Ministerio de Hacienda, debe ofrecer un plan de viabilidad a largo plazo para Muface e Isfas que solucione esta situación y fije un marco de financiación para los próximos años que garantice el futuro de ambas mutuas.