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MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El ministro de Justicia, Rafael Catalá, ha afirmado este martes que el Gobierno está “dispuesto a negociar” con las fuerzas políticas su propuesta para ampliar los delitos en los que la Policía puede intervenir las comunicaciones sin autorización judicial previa a la luz de lo que digan los informes del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Fiscalía General del Estado y el Consejo de Estado.

“El CGPJ nos ha dicho que desconfía de que tenga visos de inconstitucionalidad, vamos a ver qué dicen la Fiscalía y el Consejo de Estado y si es así y en el consenso con las fuerzas políticas se convierte en un elemento de tensión seguramente nos plantearemos una modificación”, ha dicho en una entrevista en la Cadena Ser recogida por Europa Press.

Catalá se ha expresado así poco después de que su compañero de Interior, Jorge Fernández Díaz, haya afirmado que el Ejecutivo renunciaría a la medida planteada en la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) si el CGPJ considera que no tiene “pleno encaje constitucional”.

El titular de Justicia ha asegurado que el Gobierno quiere el consenso con otras fuerzas políticas y no pretende “forzar las cosas hasta el punto de la irracionalidad”, pero ha defendido la intención del Gobierno de extender a otros delitos, aparte del terrorismo, la posibilidad de que las fuerzas de seguridad intercepten conversaciones sin autorización judicial –pero pidiéndola en un plazo de 24 horas–.

En su opinión, las fuerzas de seguridad también deberían poder hacerlo en casos de delitos graves asociados a bandas organizadas o a trata de mujeres o menores. El CGPJ considera que no es constitucional ampliar a otros delitos, aparte del terrorismo, esta posibilidad.

Catalá ha reconocido que no le consta que ningún juez se haya negado a autorizar unas escuchas en una investigación de este tipo y que se tarda “muy poco tiempo” en recabar la autorización, pero ha defendido que ese tiempo “puede ser muy eficaz” en la investigación.