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MADRID, 10 (EUROPA PRESS)

El PP ha presentado en el Congreso de los Diputados una proposición no de ley para instar al Gobierno a crear un registro de personas condenadas por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata y explotación de menores, ya que, según denuncia y, de acuerdo con los datos ofrecidos por el Consejo de Europa, uno de cada cinco niños en Europa es víctima de alguna forma de violencia de carácter sexual.

Se trata de una proposición no de ley, a la que ha tenido acceso Europa Press, para su debate en el Pleno de la Cámara, en la que quiere impulsar la creación de un registro reservado que contenga los datos de las personas condenadas por delitos de explotación y abuso sexual a menores, cumpliendo, de este modo, el mandato establecido por el Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual.

Es más, propone que los datos contenidos en el fichero habrán de limitarse a la identidad y perfil genético de las personas condenadas por los delitos antes citados, además de que la regulación del fichero deberá llevarse a cabo mediante una norma con rango formal de ley al implicar el tratamiento de datos especialmente protegidos sin consentimiento de los afectados.

Para la elaboración de este mandato, el PP quiere que se tenga siempre en cuenta y se respete la normativa nacional sobre protección de datos personales.

HAY MÁS QUE LOS DATOS QUE SE CONOCEN

“Los datos, lamentablemente, no son un fiel reflejo de la cruda realidad, puesto que gran parte de los abusos sufridos por estos son silenciados o muy difíciles de detectar, bien porque los menores no son conscientes de la gravedad de las conductas sufridas o bien por las coacciones y amenazas recibidas por parte de los autores que aprovechan su superioridad jerárquica y la especial vulnerabilidad de la víctima”, señalan los 'populares'.

Así, incide en que la mayor parte de estas conductas delictivas provienen del entorno más cercano de los menores, ya sea en su ámbito familiar o en el escolar, lo que supone que a las consecuencias negativas del daño sufrido se sume la vulneración de la confianza que dichos menores tienen depositada en los adultos, los cuales son sus referentes y las personas que supuestamente deberían protegerles.

“Es preocupante el aumento de este tipo de conductas delictivas que se está produciendo en centros o instituciones donde los padres piensan que sus hijos están seguros, creando una gran alarma social. Cualquier abuso sexual supone la violación de un amplio catálogo de derechos humanos, como la integridad física y mental, el derecho a la salud, a la libertad personal y a la no discriminación, entre otros”, sentencia el PP.