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MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El Gobierno se escuda en la independencia de la Fiscalía General del Estado para no aclarar si investigará la posible adjudicación de contratos por más de 450 millones de euros por parte del presidente de la Generalitat catalana, Artur Mas, a empresas en las que trabajaban familiares directos. En concreto, su cuñado y su sobrina.

De esta forma hace caso omiso a una pregunta de la portavoz de Unión, Progreso y Democracia (UPyD) en el Congreso, Rosa Díez, quien pedía saber si el Ejecutivo tenía previsto dar traslado a la Fiscalía de esta información para que inicie las investigaciones pertinentes por si Mas pudiera haber cometido un delito de malversación.

En su respuesta, a la que ha tenido acceso Europa Press, el Gobierno explica que “es misión del Ministerio Público promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público”, conforme a la Ley reguladora del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Según la citada norma, la Fiscalía es un órgano con personalidad jurídica propia, integrado con autonomía funcional en el Poder Judicial y que ejerce su misión por medio de órganos propios con sujeción a los principios de “legalidad” e “imparcialidad”, siendo los fiscales integrantes “independientes” y sometidos “únicamente” a la Constitución y al imperio de la Ley.

El Gobierno concluye subrayando que desde el inicio de la legislatura ha venido manifestando su “confianza” en el Ministerio Público y su “más escrupuloso respeto” hacia los principios de autonomía, legalidad e imparcialidad que presiden esta institución.