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Critica que la nueva normativa limita la persecución de los delitos de violencia de género y daña gravemente la “marca España”

MADRID, 14 (EUROPA PRESS)

El PSOE llevará al Pleno del Congreso del próximo martes una proposición de ley con la que pretende derogar la reforma de la justicia universal que el PP aprobó en solitario el pasado febrero por sus “demoledores” efectos y por “tirar por la borda” los esfuerzos y recursos empeñados en combatir el narcotráfico.

En la iniciativa, que recoge acceso Europa Press, los socialistas exigen suprimir los “desorbitados” límites impuestos a los jueces para conocer de los delitos cometidos contra españoles en el extranjero y por negar así la tutela a las víctimas.

A su entender, esta reforma desactiva la lucha contra graves delitos y manda un mensaje de impunidad inasumible, además de causar “un grave daño para la marca España como adalid y abanderada” de la defensa de los Derechos Humanos.

Para el principal partido de la oposición, la nueva normativa supone un “retroceso” en el combate contra las violaciones de los Derechos Humanos, un “menoscabo” a la justicia y un “ataque frontal” a la división de poderes al ordenar a los tribunales sobreseer las causas que tienen en la actualidad abiertas bajo este principio jurisdiccional.

UNA SUERTE DE PLANTE EN LA AUDIENCIA NACIONAL

“Dicho ataque ha motivado una suerte de plante de los magistrados de la Audiencia Nacional con fundamento en el desconocimiento por la reforma legal de la obligatoriedad de cumplir los compromisos internacionales de derechos humanos firmados por España”, apunta el PSOE en su iniciativa.

En este punto, recuerda que su aplicación ha provocado la puesta en libertad de decenas de 'narcos' y precisa que la lucha contra el narcotráfico requiere un “un escrutinio riguroso” sobre los requisitos exigidos para juzgar estos delitos.

Además, el PSOE denuncia que limita también la persecución de los delitos de violencia de género al exigir que la víctima sea española o resida habitualmente en nuestro país y que medie una querella de la víctima o el fiscal.

“En conclusión, se dificulta el avance que representó para la lucha contra la mutilación genital femenina la inclusión de este delito en el catálogo de los perseguibles por los tribunales españoles”, añade.

Los socialistas plantean suprimir los nuevos requisitos introducidos para conocer de delitos como el genocidio o el terrorismo y recuperar la antigua redacción que apostaba por acreditar algún “vínculo de conexión relevante con España” para poder juzgar estos casos.