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PSOE pide que la Agencia Tributaria investigue a las multinacionales y vincular sus incentivos a la coherencia de sus cuentas

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, defiende el liderazgo que España está ejerciendo en la investigación abierta por la Comisión Europea (CE) a Luxemburgo y otros países por el llamado 'LuxLeaks', que reveló acuerdos secretos con multinacionales para minimizar su factura fiscal, y confía en que el Ejecutivo comunitario acabará considerando estos pactos como ayudas de Estado.

Así lo ha señalado durante una interpelación sobre lucha contra el fraude fiscal internacional planteada por el portavoz socialista de Hacienda en el Congreso, Pedro Saura, quien ha exigido que la Agencia Tributaria española (AEAT) también investigue a las empresas implicadas en el caso y que se vinculen los incentivos fiscales a la coherencia de sus cuentas y sus declaraciones.

Ante el Pleno de la Cámara Baja, Montoro ha afirmado que el Gobierno “apoya” a la CE en los expedientes que tiene abiertos sobre “determinados países, no sólo Luxemburgo sino también otros”, que estarían ejerciendo una fiscalidad que “seguramente será calificada de ayudas de Estado”, y además está “liderando” la transformación de la normativa sobre el Impuesto de Sociedades a nivel comunitario.

“Éste no es un problema de competencia fiscal desleal, sino de que determinadas actuaciones tributarias de determinados países de la UE que constituyen auténticas ayudas de Estado acaben de una vez. Pero esto no viene de ahora, precisamente, sino que llevamos décadas padeciendo esa discriminación”, ha recordado el ministro, que en otro momento de su intervención ha apuntado directamente a Irlanda, Luxemburgo y Holanda.

ACUERDOS INTERNACIONALES.

Montoro también ha recordado que España está trabajando en el seno de la OCDE a favor del programa BEPS contra la erosión de las bases imponibles y la transferencia artificial de beneficios empresariales entre diferentes países, y en pro de un sistema de intercambio de información tributaria “sistemático y estandarizado” en el ámbito de dicha organización y de la UE.

“Estas iniciativas suponen un avance histórico y radical en materia de transparencia y control fiscal internacional, en un escenario económico cada vez más global”, ha insistido, mencionando particularmente la Declaración de Berlín, firmada a finales de octubre, y por la cual países como Luxemburgo se comprometen a sumarse a estos intercambios de información en los próximos años.

En la misma línea, España ha firmado en los últimos tiempos “numerosos convenios” para evitar la doble imposición, que incluyen cláusulas de intercambio de información, con lugares como Mónaco, Singapur, Chipre o Macao.

87.000 MILLONES DE 40.000 CONTRIBUYENTES

Con respecto al nuevo modelo de declaración de bienes y derechos en el extranjero, puesto en marcha en 2012, el ministro ha cifrado en 87.000 millones de euros las bases fiscales afloradas por parte de 40.000 contribuyentes, en lo que “constituye la base de investigación más rica y amplia que la Agencia Tributaria haya tenido nunca”.

“La AEAT está investigando, y seguramente por eso, cumplido el plazo, miles de contribuyentes siguen regularizando sus bienes en el exterior”, ha añadido, acusando al PSOE de no haber hecho nada para atraer ese dinero y haber dejado que siguiera fuera del país.

La Agencia también está “dando prioridad a la lucha contra la planificación fiscal agresiva, tanto nacional como internacional” mediante el uso de la “ingente información tributaria” de la que dispone ahora y de “modernas técnicas de auditoría informática”. Gracias a estas actuaciones, se han identificado “supuestos irregulares” en las declaraciones del Impuesto de Sociedades de grandes empresas por valor de 825 millones de euros que han dado lugar a deudas tributarias acumuladas de 182 millones.

IMPUESTO DE SOCIEDADES

De hecho, Montoro asegura que los cambios en la normativa de Sociedades que ha aprobado el Gobierno en los tres últimos años están “dificultando” técnicas de elusión fiscal como el “endeudamiento ficticio entre empresas”, lo que está elevando la tributación de las grandes compañías incluso en una fase de dificultades económicas. “Fue con el Gobierno socialista con el que no pagaban impuestos, ahora sí lo hacen”, ha insistido, reprochando al PSOE que no haya apoyado ninguna de estas medidas.

En este sentido, ha indicado que los 3.000 millones de euros en Sociedades que dejarán de recaudarse por la reforma fiscal se calculan en función de “la previsión inicial de los Presupuestos de 2014” y no de la recaudación efectiva final, que se “incrementará” de forma “muy importante”.

Finalmente, el ministro ha reconocido la procedencia de esta interpelación, que se refiere a un tema “muy importante” y con el que España está “plenamente comprometida”, en aras a conseguir “sistemas tributarios más equitativos” y en los que todos los actores cumplan con sus obligaciones para “financiar correctamente los servicios públicos, promover la reducción del déficit y favorecer la finalización de la crisis económica”.

Por eso, espera que la moción que el PSOE presente a resultas de esta interpelación tenga “contenido” y sea “positiva” para “poder coincidir en un planteamiento que debe estar por encima de las ideologías”.

A LA DERECHA LE VIENE BIEN

Sin embargo, Pedro Saura cree que la competencia fiscal internacional a la baja “le viene como anillo al dedo” a la derecha para “justificar que el sector público tiene que ser pequeño”, pero ha recordado que se trata de un fenómeno “dramático para la salida de la crisis, para financiar políticas de cohesión social y para la estabilidad presupuestaria”.

“Mala es la doble imposición, pero trágica es la no imposición porque frena el crecimiento y mata la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Los paraísos fiscales de algunos son infiernos sociales para la gran mayoría”, ha añadido, cargando además contra la “deslealtad” de los países europeos que hacen “trajes fiscales a medida de muchas multinacionales”. “Esto es muy grave, no nos gusta la competencia fiscal, pero la deslealtad es mucho más grave”, ha insistido.

Por eso, ha exigido a la CE que “reaccione rápida y urgentemente” ante el LuxLeaks y exija “responsabilidades políticas”; y al Gobierno le reclama “apoyo para el nuevo marco fiscal internacional” que propugna la OCDE y para las medidas comunitarias en temas como la homogeneización de las bases imponibles de Sociedades, así como que respalde la publicación de una lista negra de paraísos fiscales.

En este sentido, quiere que España se persone como parte afectada en los expedientes abiertos por la Comisión y que la AEAT investigue la actividad en España de las multinacionales implicadas. Asimismo, exige medidas judiciales contra las consultoras que las han asesorado “de forma reiterada” y que se considere esta actividad un delito fiscal.

Pero, dado que estas medidas pueden ser “lentas, farragosas y complejas”, Saura también recomienda al Ejecutivo contar con una estrategia propia “a corto y medio plazo” de lucha contra el fraude fiscal, que pase por forzar la publicación de la información territorializada sobre beneficios empresariales, ventas y bases imponibles de las empresas internacionales, “condicionar los incentivos fiscales en España” a la coherencia de estos datos e informar sobre los beneficios fiscales de los que disfrutan.

“Eso es algo que España podría hacer de manera inmediata, sin esperar a ningún acuerdo de la OCDE o de la UE. El Gobierno y el Parlamento no pueden mirar hacia otro lado porque nos estamos jugando la salida de la crisis”, ha insistido Saura, que reclama también la constitución de una subcomisión en el Congreso para analizar la fiscalidad internacional y de las multinacionales, y rechaza “lecciones” del Gobierno que aprobó una 'amnistía fiscal' “injusta e innecesaria”.