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MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

El Gobierno descarta la posibilidad de conceder subvenciones o crear nuevas figuras impositivas que sirvan para financiar las nuevas áreas comerciales urbanas (ACU) y los servicios que complementarán a aquéllos que ya prestan los ayuntamientos, aunque los ministerios de Economía y de Hacienda trabajan actualmente en definir cómo sostener este sistema de estímulo del comercio de proximidad.

Así lo señala al diputado socialista Félix Lavilla, quien a través de un texto parlamentario alerta de los riesgos que puede plantear la regulación de los centros comerciales abiertos para los servicios municipales fundamentales y también para los pequeños comercios.

En su respuesta, que recoge Europa Press, el Ejecutivo indica que la voluntad de regular estos ACU responde a la “reiterada demanda” de comunidades autónomas, ayuntamientos y comerciantes de poner en marcha una nueva fórmula de colaboración público-privada para “crear, desarrollar, fortalecer y mejorar la gestión de áreas urbanas con el objetivo de promover las iniciativas empresariales y revitalizar el entorno urbano.

De hecho, la pasada primavera el Ministerio de Economía ya presentó un borrador de esta regulación a las comunidades autónomas, a la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) y al sector, que sin embargo despertó las suspicacias de parte de los afectados, fundamentalmente en relación con cómo se financiará este nuevo sistema.

SERVICIOS COMPLEMENTARIOS

Y es que en estas áreas comerciales urbanas se creará una entidad privada pero autorizada por la Administración que gestionará servicios “complementarios o adicionales” tales como la promoción económica y comercial, el acondicionamiento de espacios para reforzar la imagen e identidad común, o el mantenimiento de seguridad adicional, entre otros. El objetivo es que estas zonas vean mejorados su atractivo y las condiciones para el desarrollo de la actividad comercial.

“Pero conviene dejar claro que los servicios prestados por las entidades de gestión de estos centros comerciales abiertos en ningún caso suplirán a los servicios públicos que deben llevar a cabo de manera obligatoria las administraciones públicas sino que, con el objetivo de mejorar e impulsar el atractivo comercial del área, se desarrollarán servicios que complementen o mejoren los anteriores”, insiste el Ejecutivo.

Queda aún por determinar definitivamente cómo se pagarán estos servicios adicionales, para los que no se destinarán “fondos complementarios vía subvenciones” ni se creará “una nueva figura impositiva”.

Así, el Ejecutivo está estudiando las “observaciones y sugerencias” planteadas por las comunidades autónomas, la FEMP y las asociaciones del sector, como AGECU, CEC y el Consejo Superior de Cámaras, para determinar el sistema de financiación definitivo.