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El Juzgado de Instrucción número 1 de Majadahonda ha dictado un Auto por el que ordena como medida cautelar el desalojo y puesta a disposición de los ayuntamientos afectados (Boadilla y Majadahonda) y de la Comunidad de Madrid de los caminos que fueron cerrados por los dueños de la finca Romanillos, eliminando para ello cualquier obstáculo existente (puertas, cadenas, piedras, barras, etc.) El Auto indica que es al Ayuntamiento o ente público al único que “corresponde la gestión y dominio sobre caminos, candados y cadenas, siendo los únicos que pueden proceder a su colocación, retirada, apertura, gestión y decisión sobre las mismas”.

El Juzgado aclara que la pretensión de la medida cautelar es la de evitar que continúe la posible comisión de los delitos de usurpación, contra la ordenación del territorio, coacciones, alteración de término y lindes, daños y desobediencia a la autoridad municipal y agentes de la autoridad. El Auto indica que de no cumplirse la medida se podrá incurrir en un delito de desobediencia y que, en caso necesario, podrá usarse la fuerza pública para ejecutar lo dictado.

En el caso de Boadilla del Monte, los caminos afectados son los siguientes: Cordel Segoviano, Camino de la Vega, Camino del Huerto, Camino de Romanillos a Brunete, Camino de Romanillos a Villanueva de la Cañada y Camino de Madrid a Romanillos.

El Ayuntamiento de Boadilla se felicita de que esta primera decisión, recurrible en apelación, le haya dado la razón en su pretensión de recuperar los caminos públicos de Monte Romanillos y permitir el libre acceso a los mismos de todas aquellas personas que lo deseen. El Consistorio ha emprendido a lo largo de estos meses acciones judiciales, administrativas y políticas tendentes a conseguir la apertura de los caminos, una de las cuales es la denuncia que obra en el Juzgado de Majadahonda.

El Ayuntamiento denunció a la propiedad también ante el Juzgado de Instrucción de Móstoles y puso en marcha dos procedimientos administrativos: uno, motivado por el vallado irregular de la finca Romanillos y otro por alterar las lindes de la finca al no respetar los mojones originales que señalan los terrenos de titularidad municipal.

El equipo de Gobierno decidió emprender estas acciones después de haber recibido numerosas denuncias de particulares y comprobar que, tras haber instado en reiteradas ocasiones a los dueños a cumplir con la legalidad vigente, estos continuaban impidiendo el libre paso de personas por estos caminos públicos.