lunes, 28 septiembre 2020 8:55

Bruselas ratifica el fin del veto a la construcción naval civil en Navantia en enero de 2015

FERROL, 2 (EUROPA PRESS)

La Comisión Europea ha ratificado que el 1 de enero de 2015 finaliza el veto a la construcción naval civil en Navantia, en una respuesta del comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia, a la europarlamentaria de Alternativa Galega de Esquerda (AGE) Lidia Senra.

La respuesta a AGE constata que el 1 de enero de el año próximo expiran los compromisos de España entre los que se encuentra la “limitación de las ventas civiles de Navantia hasta un máximo del 20 por ciento de las ventas totales como media móvil de tres años, durante un período de 10 años, registrada en la decisión correspondiente de la Comisión sobre el seguimiento de los asuntos relativos a Izar, predecesor de Navantia”.

Como consecuencia de ello, añade que el astillero público y el país ya “no estarán obligados por estos compromisos” que propuso España “en el contexto del procedimiento en aquel momento”. “Por consiguiente, ya no se aplicará la limitación relativa a la construcción naval civil”, añade la respuesta parlamentaria.

En un comunicado, AGE ha señalado que esta respuesta es “clarísima”, por lo que ha advertido de que “ya no hay ninguna excusa”, antes de instar a la Xunta, al Gobierno central y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) a “asumir sus responsabilidades” y “buscar desde ya” carga de trabajo para el astillero de Ferrolterra.

“El momento es el propicio, puesto que el mercado mundial de la construcción naval está en alza y en Galicia necesitamos urgentemente de puestos de trabajo”, ha remarcado.

RECUPERACIÓN DE FERROLTERRA

AGE ha incidido en que la recuperación de la comarca de Ferrolterra “depende de la carga de trabajo” para Navantia y ha subrayado que, si esta se concreta, Galicia “volvería a recuperar uno de sus sectores industriales estratégicos”.

“Hay mucho en juego”, ha manifestado, antes de mostrar su deseo de que ahora las administraciones gallega, estatal y la SEPI estén “a la altura de las circunstancias y pongan los derechos de las personas por delante de los intereses del capital”.