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MADRID, 28 (EUROPA PRESS)

El Grupo Parlamentario Popular, Convergencia i Unió (CiU) y el Partido Nacionalista Vasco (PNV) han acordado este miércoles en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados un pacto político con una serie de recomendaciones para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y “preservar” la universalidad en el acceso que, sin embargo, no ha contado con el apoyo de PSOE, La Izquierda Plural y UPyD.

Los dos grupos nacionalistas han decidido finalmente apoyar el dictamen de la Subcomisión para el Análisis de los problemas estructurales del Sistema Sanitario y de las principales reformas que deben acometerse para su sostenibilidad, creada hace dos años en la Cámara Baja, a pesar de considerarlo un “pacto de mínimos”. Por su parte, el PSOE, la Izquierda Plural y UPyD han rechazado las propuestas al considerar que se trata de un acuerdo “vacío” y “alejado de la realidad”.

En total, el acuerdo incluye un total de 28 recomendaciones que, según el portavoz del PP, Rubén Moreno, son fruto de las propuestas realizadas por los más de 30 expertos que han participado en esta subcomisión. “No hay ideologías y, de hecho, muchas de ellas han sido presentadas por otros grupos”, ha aseverado.

De igual modo, considera que estas propuestas deberían “tenerse en cuenta” por “todos los gobiernos” y no cree que deban ir dirigidas exclusivamente hacia el Ministerio de Sanidad. “En realidad, sólo gestionan una mínima parte del presupuesto en materia sanitaria porque las competencias son de las comunidades”, ha recordado.

“La convicción no está reñida con la flexibilidad, y eso lo han sabido ver bien CiU y PNV (…) Si no hemos llegado acuerdo más amplio es porque no he sabido conseguirlo, pero no vamos a abandonar nunca la búsqueda del consenso”, ha defendido.

Entre los puntos del acuerdo, se propone “garantizar la naturaleza pública de la financiación” del SNS y su calidad asistencial, con el “respeto de los derechos de los pacientes en todos los casos”; definir un nuevo modelo de financiación “estable, suficiente, respetuoso y coherente con la cohesión territorial”; “fortalecer” la cohesión territorial; poner en marcha un mecanismo de compensación económica por atención a pacientes entre comunidades; o garantizar el pago a proveedores.

PRESERVAR LA UNIVERSALIDAD DEL ACCESO

Además, el acuerdo recoge también la necesidad de “preservar la universalidad” en el acceso de los ciudadanos a los servicios sanitarios, cuya inclusión ha sido “fundamental” para obtener el apoyo de CiU, como ha reconocido su portavoz Conxita Tarruella, que ha admitido que se trata de un acuerdo “de mínimos” para “salvar algunos aspectos de la sanidad sanidad que los ciudadanos nos están reprochando”.

“Desde nuestro grupo es difícil discrepar con estas recomendaciones, porque son muy apoyables”, ha defendido, si bien avisa de que harán un seguimiento para ver si los acuerdos adoptados se van cumpliendo y, de lo contrario, serán “los primeros en recordarlo”.

También ha sido crítica, pese a votar a favor del dictamen, la portavoz del PNV Isabel Sánchez Robles, para quien la principal “losa” para llegar a un acuerdo con más grupos ha sido “la actitud ciega y sorda del Ministerio”, que “ha ninguneado las opiniones de los expertos, de la Cámara y las comunidades, desoyendo también la opinión mayoritaria de la ciudadanía”.

Pese a todo, ha confiado en que “suponga un cambio de dinámica a la hora de trabajar en políticas de sanidad”.

PSOE CREE QUE ESTÁ ALEJADO DE LA REALIDAD

Por su parte, el portavoz del Grupo Socialista, José Martínez Olmos, ha lamentado “no poder apoyar” este acuerdo porque, a su juicio, ofrece un discurso “alejado de la realidad de los ciudadanos” y no tiene en cuenta las consecuencias que ha tenido la reforma sanitaria de la titular del ramo, Ana Mato, “sobre la calidad del sistema y la salud de las personas”.

“Si no conociéramos los hechos del gobierno, se lo compraríamos”, ha aseverado Martínez Olmos, que echa en falta que el acuerdo no modifique la reforma sanitaria, no reconozca la infrafinanciación del SNS ni se acepte “revisar cómo los copagos podrían estar haciendo de barrera de acceso para algunos pacientes”. “Son razones por las que no se puede apoyar lo que sería un engaño a la ciudadanía”, ha defendido.

Además, no cree que “se pueda hablar de pacto” dado que no cuentan con el apoyo de todos los grupos y ha criticado la falta de diálogo que hay con el Ministerio de Sanidad. “Si se quiere un pacto se debe hablar, requiere liderazgo desde el Ministerio, que debe estar presente. No puede mantenerse un discurso teórico que luego en la práctica no se lleva a cabo”, ha advertido.

PACTO “DE BUENAS PALABRAS”

También ha sido crítico el portavoz de la Izquierda Plural, Gaspar Llamazares, para quien se trata de un acuerdo “vacío” que se queda en “buenas palabras” pero que “no tiene en cuenta lo que está pasando ni rectifica las causas de esta situación”.

Además, ha criticado que el Ministerio ha entorpecido la iniciativa del pacto con decisiones que “niegan el diálogo con oposición y plantean contrarreformas al sistema sanitario cuyos valores son la base de cualquier tipo de acuerdo”, y ha sugerido que los resultados obtenidos en las elecciones europeas por algunos partidos son “en parte consecuencia de los recortes, copagos y privatizaciones de la sanidad”.

Por su parte, el diputado de UPyD Toni Cantó ha reclamado que el Gobierno recupere competencias en materia sanitaria y ha criticado la “politización” de la sanidad.

Entre las recomendaciones también está la creación de una Comisión de Seguimiento y Evaluación de los acuerdos de dicho pacto, algo que han celebrado todos los grupos, incluso los que han votado en contra, ya que en ella “se seguirá intentando llegar a acuerdos”, ha admitido el portavoz socialista.

Por otro lado, han aprobado con competencia legislativa plena el proyecto de ley para la creación del Consejo General de Colegios Oficiales de Dietistas-Nutricionistas, que pasará ahora al Senado para continuar su tramitación parlamentaria.