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Centra los objetivos de su gestión en la transparencia, la austeridad y la garantía de la independencia judicial.

MADRID, 13 (EUROPA PRESS)

El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo, Carlos Lesmes, ha anunciado este martes en el Congreso que el órgano de gobierno de los jueces “hará público un repertorio de datos sobre delitos relacionados con la corrupción”.

Esta actuación, en colaboración con Transparencia Internacional, organismo con el que se firmará un convenio el próximo mes de junio, se enmarca en la decisión de este órgano de avanzar en el objetivo de la transparencia.

Además de publicar estos datos, se llevarán a cabo “estudios de opinión sobre actitudes y percepciones de los operadores políticos relevantes en materia de transparencia y corrupción”.

Lesmes ha realizado estas afirmaciones durante su comparecencia ante la Comisión de Justicia del Congreso, la primera que se produce de un presidente del Supremo y del CGPJ desde hace más de año y medio, ya que no fue sino en diciembre de 2012 lo hizo su antecesor, Gonzalo Moliner.

Por ello, ha optado por poner a disposición de los diputados los últimos datos disponibles, de 2013, en vez de llevar la Memoria correspondiente a 2012 que es lo que tocaría.

LEALTAD Y COLABORACIÓN

Además, el presidente del CGPJ ha recalcado durante su exposición inicial que su compromiso es “impulsar la mayor colaboración institucional con las Cortes Generales” no solo dotando de un contenido pleno y actual a este tipo de comparecencias, sino también “articulando nuevos mecanismos de comunicación para todos aquellos temas que, siendo competencia de Consejo, no afecten a cuestiones concretas de índole jurisdiccional pretendiendo así impulsar una más estrecha colaboración entre los Poderes del Estado”.

Entre sus principales objetivos, Lesmes ha destacado la transparencia que, a su juicio, constituye un “eje básico” de su política de actuación. Así, se ha creado un área de transparencia en la web del CGPJ donde se publican los currículum de los altos cargos designados por el órgano de gobierno de los jueces.

Existe también un grupo de trabajo encargado de analizar los índices de cumplimiento de la Ley de Transparencia y se ha elaborado un protocolo interno en esta materia. Los resultados inmediatos se verán reflejados en el próximo mes de junio en la firma de un convenio con Transparencia Internacional España que es el que permitirá hacer públicos los delitos relacionados con la corrupción.

El segundo objetivo marcado por Lesmes es la austeridad, “como demandan los ciudadanos”, manteniendo no obstante el cumplimiento de sus competencias constitucionales y “sin perjuicio de mantener e incluso incrementar los servicios que se prestan desde el Consejo a los miembros de la Carrera”.

En este sentido se trabaja en la elaboración de un nuevo Presupuesto en el que las necesidades financieras de la institución habrán de ser suficientemente justificadas sin referencia a presupuestos anteriores, a fin de adaptar dichas necesidades a su nuevo organización y funciones.

Un tercer objetivo es la cercanía a los jueces y la garantía de su independencia “mediante un llamamiento público y el mantenimiento y de una atención constante que trate de evitar cualquier tipo de intromisión indebida en el ejercicio de la función jurisdiccional”. A juicio de Lesmes, “sólo con jueces independientes podrá existir Justicia”.

NOMBRAMIENTOS

Finalmente, Lesmes ha expresado que deben evitarse en el CGPJ “facciones partidistas” y que aunque la actual regulación no exige mayoría cualificada en materia de nombramiento, es su deseo “que todos se hagan con la más amplia mayoría”, lo que tiende a asegurar el cierto de los mismos.

Para el presidente del órgano de gobierno de los jueces, “unos buenos nombramientos procuran un mejor servicio al ciudadano” que para los miembros del Consejo “es siempre el destinatario final” de todas las decisiones.

Así, ha recordado que en los 22 nombramientos realizados hasta ahora, se ha rebasado ampliamente la mayoría de tres quintos y en varias ocasiones la unanimidad. “Ello significa que hemos conseguido un alto grado de coincidencia acerca de la excelencia e idoneidad de los nombramientos”.

También ha recordado que el buen funcionamiento de la Administración de Justicia no solo depende de jueces y magistrados, ni del CGPJ, sino que son diversos los poderes públicos implicados. Citó al Parlamento, el Gobierno a través de sus iniciativas legislativas y de dotación presupuestaria y las comunidades autónomas con competencias en la materia.