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Se pregunta si España puede permitirse en la actualidad mantener “9.000 millones” de primas a las renovables

MADRID, 11 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC), José María Marín Quemada, considera que los productores de renovables deben ser conscientes de que las inversiones que realizaron con rentabilidades “del 25%” también están sometidas a “riesgo regulatorio”.

“Hay personas que tomaron decisiones empresariales con un boletín oficial sin entender que existe una cosa que es el riesgo regulatorio”, afirmó Marín Quemada durante los Desayunos Informativos de Europa Press.

El presidente del superregulador señaló que las inversiones en renovables adoptadas en el pasado “han sufrido con el paso del tiempo los avatares del riesgo regulatorio”, y dijo comprender que haya sectores que se encuentren ahora “molestos”, sin que esto signifique que coincida con ellos en sus “planteamientos”.

Durante su intervención, Marín Quemada insistió en describir “lo que los libros de Economía llaman riesgo regulatorio”. En el caso del sector de las renovables, este riesgo consiste en la diferencia entre los tipos de referencia del BCE en el momento de las inversiones, de cerca del 2,5%, y las rentabilidades obtenidas “del 25%”.

“9.000 MILLONES”.

“Las renovables nos están costando 9.000 millones”, después de que se pagase “mucho dinero” por instalarlas en un momento en el que se encontraban iniciado su curva de aprendizaje, aseguró el presidente de la CNMC.

“Ahora, con lo estándares, se va a rebajar un poco” este importe, señaló, antes de considerar que “se hace extraordinariamente complejo mantener sin retocar 9.000 millones de primas en renovables”.

“La cuestión es si España puede ser líder en renovables y pagar 9.000 millones al año con retornos en ocasiones superiores al veintitantos por ciento”, se preguntó.

ESPAÑA “NO ES INSEGURO”.

Marín Quemada también consideró durante su intervención que, de forma general y sin aludir concretamente al sector energético, en España existe seguridad jurídica.

“España es un país razonablemente seguro en comparación con nuestro entorno. La seguridad jurídica es inseparable y garante de una actividad económicamente sana. España no es un país inseguro”, afirmó.