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El PSOE propone un pacto de estado por la energía, pide una auditoría de la normativa y dice que derogará la Ley Eléctrica cuando gobierne

MADRID, 19 (EUROPA PRESS)

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, asegura que sin las medidas que su departamento ha aprobado en lo que va de legislatura el déficit tarifario habría aumentado en 20.500 millones de euros entre 2012 y 2013, más del doble de lo que se acumuló finalmente (8.669 millones), y ha defendido que el nuevo sistema de fijación de precios de la electricidad será “mucho más transparente” que las subastas que existían hasta ahora.

Así se ha pronunciado durante la sesión de control al Gobierno en el Pleno del Congreso, donde la secretaria de Economía y Empleo, Inmaculada Rodríguez-Piñero, le ha interpelado en relación a los precios de la energía, lo sucedido con la subasta Cesur de diciembre y el futuro mecanismo de fijación de precios que entrará en vigor el 1 de abril.

Soria ha comenzado su intervención recordando que entre 2004 y 2011 la luz subió un 67,2%, pero que en 2013 se consiguió revertir la tendencia con una caída del 3,1%. Un cambio propiciado por sus cambios regulatorios que ha permitido paliar las consecuencias de la política energética de las dos pasadas legislaturas, impulsada por el Gobierno socialista, y que “no fue acertada” por mucho que se planteara “con la mejor de las intenciones”.

A renglón seguido, ha subrayado que uno de los principales objetivos al inicio del mandato era embridar el déficit de tarifa, que desde 2004 y año a año se iba incrementando y acumulando, lastrando así las cuentas del sector público. De hecho, si se hubiera mantenido la tendencia del principio de siglo en 2012 el déficit habría sido de 10.000 millones y el año pasado, de 10.500 millones. Sin embargo, finalmente fue de 5.069 y 3.600 millones, respectivamente.

FRENAR LA SUBIDA DE PRECIOS

El otro objetivo principal del Ministerio de Industria para esta legislatura era frenar la “persistente” subida de precios, que lastra la competitividad de las empresas y la renta disponible de las familias. En este sentido, Soria ha recordado que fue el PSOE, en 2009, el que introdujo el mecanismo de las subastas trimestrales, por mucho que “ahora parezca que no le gusta”.

Un sistema de precios “marginalista” que conlleva que primero entren en el pool las tecnologías más baratas pero que fija el precio en función de la última energía que se tiene en cuenta, lo que ha supuesto las subidas de precios de los últimos años y que el Gobierno 'popular' trató de aplacar con la introducción, en 2012, de nuevos gravámenes a la industria nuclear y a la hidroeléctrica, que en muchos casos ya tienen amortizadas sus inversiones y que debían “tributar y no usar gratuitamente lo que es de todos”.

“Ahora quitamos la subasta y ustedes están de acuerdo, y yo lo celebro”, ha añadido, explicando que el nuevo mecanismo que entrará en vigor el próximo 1 de abril ofrecerá tres fórmulas para fijar el precio: un contrato bilateral entre el consumidor y la empresa –opción que ya existe pero a la que se han acogido “muy pocos”–, un contrato estándar con una tarifa fija anual que las empresas estarán obligadas legalmente a ofrecer, y el pago por el consumo en función del precio horario del mercado. “Me parece que es un sistema muchísimo más transparente”, ha defendido el ministro.

Con respecto a la anulación de la subasta Cesur de diciembre, Soria se ha limitado a recordar que el informe de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) detectó “comportamientos impropios de mercados eficientes” y por eso invalidó el incremento del 10,5% que había dado como resultado.

“A lo mejor ustedes hubieran preferido que los precios subieran ese 10,5%, y no un 3,2% como fijó el Gobierno”, ha reprochado a los socialistas, afirmando acto seguido que el precio de la electricidad durante este primer trimestre no es “en absoluto intervenido” porque se determinó a partir de lo que marcaban los mercados de futuros durante el segundo semestre de 2013.

NO SE CASTIGA A LAS RENOVABLES

Por último, Soria ha hecho referencia a los cambios que han afectado a las energías renovables, defendiendo que la doctrina del Tribunal Supremo (TS) justifica su aplicación con carácter retroactivo e insistiendo en que gran parte del déficit tarifario se deriva de los incentivos que se les pagan, y que es “la parte más importante” de los costes del sistema.

No obstante, cree que el 7,5% de rentabilidad fijado por el Gobierno para estas tecnologías es “razonable” y ha recordado que “no hay ningún negocio donde se garantice al inversor rentabilidades por encima del 15%” como existían hasta ahora para estos proyectos. Un nivel de primas que, según Soria, han llevado a que España haya “financiado la curva de aprendizaje para todas las economías del mundo” en materia de renovables.

No en balde, los incentivos que se habían abonado a las energías renovables hasta 2013 suman 10.000 millones de euros, un 10% del total de incentivos de todo el planeta. “Eso está muy bien, pero tendremos que contar a los ciudadanos que cuanto mayor proporción de esa tecnología tenemos más incentivos hay que pagar”, ha concluido.

ES “IMPRESCINDIBLE” HACE UNA AUDITORÍA

Las palabras del ministro no han convencido sin embargo a Rodríguez-Piñero, que le ha criticado por no haber pedido “un diagnóstico certero” de la situación del sector cuando llegó al Ministerio y por no haber aprobado un “plan de actuación” con la vista puesta en el medio y el largo plazo para “avanzar de manera eficiente hacia un sistema competitivo y seguro”.

En su lugar, ha dicho, Soria se ha limitado a aprobar “medidas coyunturales que no valen de nada en un sector que necesita inversiones a muy largo plazo” y a poner “parche sobre parche”, sin contar en todo el proceso ni con los actores afectados ni con los grupos políticos y sin conseguir frenar el déficit de tarifa.

“Es imprescindible abordar una reforma profunda del sistema, incluido el mecanismo de fijación de precios, porque los fallos regulatorios han dado lugar a un mercado ineficiente, con una competencia insuficiente, una elevada concentración empresarial y un sistema cuestionable de primas a todas las tecnologías”, ha dicho la diputada.

Por eso, su grupo propone “un Pacto de Estado sobre el sector energético” que comience con una auditoría de la regulación vigente y un libro blanco que “siente las bases para la revisión profunda de la normativa, fijando los efectos que ésta tiene en los balances de las empresas”. Además, ha asegurado que el PSOE derogará la Ley del Sector Eléctrico en cuanto vuelva a gobernar y ha anunciado una proposición de ley en el Congreso sobre pobreza energética.

Con respecto a lo ocurrido en la subasta de diciembre, Rodríguez-Piñero cree que fue “una decisión más propia de una república bananera” y ha pedido más explicaciones sobre la decisión de la CNMC. “Nosotros no estábamos de acuerdo con las subastas, no era un buen sistema y había que corregirlo, pero tienen que planificar qué sistema lo sustituirá y no generar incertidumbres”, ha añadido.

Y es que teme que el nuevo sistema de precios que propone el Gobierno “discrimine entre consumidores según tengan o no contadores inteligentes”, que no están particularmente extendidos entre los consumidores por lo que “para la mayoría habrá una subida de precios”. Y ha criticado que la subida de la parte regulada penaliza más a quienes menos consumen y a quienes viven en regiones con condiciones climatológicas más duras.

“El drama es que usted ha renunciado a mirar al futuro y a establecer una tarifa que permita a los consumidores pagar un precio justo. Usted pasará a la Historia como el ministro que ha generado la mayor pobreza energética del país. Cambie su actitud, escuche y trate de buscar acuerdos”, le ha pedido al ministro.