miércoles, 12 agosto 2020 8:12

La oposición renuncia a presentar aportaciones al paquete legislativo anticorrupción que el Gobierno aprobará este mes

El Ejecutivo ha pedido apoyo de los grupos para lograr el máximo consenso pero los demás esperan a ver los proyectos de ley

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los grupos parlamentarios de la oposición han renunciado a presentar aportaciones al paquete legislativo para mejorar la lucha contra la corrupción hasta no conocer la totalidad del articulado de los tres textos legislativos que ultima el Gobierno y que se aprobarán este mes, previsiblemente el próximo jueves.

Desde que el Consejo de Ministros aprobó el pasado 20 de septiembre un informe inicial con medidas de regeneración democrática, el Ejecutivo ha realizado continuas apelaciones al consenso con el fin de lograr el máximo apoyo del arco parlamentario.

Así lo hicieron el pasado viernes tanto el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, que desde Lituania expresó su deseo de que esas medidas cuenten “con un apoyo muy mayoritario en las Cortes”, como la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, quien también apeló al consenso argumentando que la lucha contra la corrupción es tarea de “todos” y “no solo compete al Gobierno”.

Sin embargo, los grupos parlamentarios no han hecho llegar por escrito ningún documento con aportaciones o sugerencias al Ejecutivo, según han informado a Europa Press fuentes parlamentarias. De hecho, el jueves 21 se celebró una reunión en el Congreso de la que se descolgaron PSOE y UPyD, que se quejaron de lo improvisado de la convocatoria y reprocharon al Gobierno que solo buscara una foto.

Ese mismo día el secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, confirmó la decisión del Gobierno de asumir la iniciativa de las reformas contra la corrupción y anunció que se aprobarían antes de fin de año. Si es posible, pasarán por el Consejo de Ministros la próxima semana, según adelantó el viernes el propio Rajoy.

TRES BLOQUES NORMATIVOS

El Gobierno ha dividido esas propuestas de regeneración democrática en tres grandes bloques: uno relativo a la regulación de la actividad-económica financiera de los partidos; otro centrado en una mejor regulación de las funciones y ejercicio de los cargos públicos; y un tercero con medidas procesales y penales de lucha contra la corrupción.

En la Ley de control de la Actividad Económica y Financiera de los Partidos, el Ejecutivo plantea la regulación de los tesoreros o responsables de las finanzas de los partidos, que deberán comparecer anualmente ante el Parlamento.

Esta norma recoge además la obligación de publicar en la web de los partidos todas las subvenciones recibidas, así como las donaciones superiores a la cantidad que se determine. Las formaciones también estarán obligadas a establecer un procedimiento de aprobación de cuentas en sus estatutos, a aprobar unas instrucciones internas en materia de contratación, y a inscribir a las fundaciones o asociaciones que estén vinculadas a ellas. Además, se fijarán controles con respecto a las aportaciones que perciban esas fundaciones. REGULACIÓN DEL EJERCICIO DEL CARGO PÚBLICO

La segunda ley regulará el ejercicio del cargo público de la Administración General del Estado, incluyendo una codificación de derechos y obligaciones del cargo público, una ampliación del régimen de publicidad de las declaraciones de bienes y derechos patrimoniales y una concreción presupuestaria de las retribuciones.

Además, esta norma recogerá una homologación total del régimen de protección social en las mismas condiciones que el resto de trabajadores públicos; una concreción de los gastos de representación; la prohibición de tarjetas de crédito para gastos de representación; o la fiscalización 'ex post' del patrimonio de los cargos públicos por parte de la Oficina de Conflictos de Intereses una vez que abandonen su puesto.

DELITO DE FINANCIACIÓN ILEGAL DE LOS PARTIDOS

En el tercer bloque de medidas se incluyen las penales y procesales contra la corrupción. Así, el Gobierno creará un nuevo Título VII en la Ley sobre financiación de partidos políticos que tipificará conductas como la financiación ilegal de los partidos, la falsedad de las cuentas de los partidos políticos y la administración desleal de los fondos de los partidos.

Además, se reforzará el tratamiento penal de las conductas de prevaricación, cohecho, tráfico de influencias o fraudes. También se modificará la Ley de Contratos del Sector Público para ensanchar los supuestos de personas que no pueden acceder a la contratación pública.

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