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MADRID, 25 (EUROPA PRESS)

El Juzgado de Instrucción número 18 de Madrid decidirá en diez días si el activista Alberto Torre, de 52 años y postrado en una silla de ruedas, ingresa en prisión para cumplir la condena de un año por su lucha contra los parquímetros después de que su abogado haya solicitado la suspensión de la pena por su estado de salud.

Acompañado por su letrado, Erlantz Ibarrondo, el activista ha acudido esta mañana a los juzgados para recibir la fecha definitiva para su entrada en prisión. En 2001, el Juzgado le impuso un año de pena por daños ocasionados en su lucha contra los parquímetros en 2006.

Entretanto, un grupo de compañeros de la Coordinadora 25S y de otros colectivos sociales se han congregado en las puertas de esta sede judicial en su apoyo. En la protesta, han gritado consignas como 2la voz del pueblo es dignidad” o “la voz del pueblo no es ilegal”.

Durante la citación, Ibarrondo ha presentado un escrito judicial en el que solicita que se suspenda con carácter inmediato la orden de prisión en base al artículo 80.4 del Cógico Penal. Este precepto establece que se podrá suspender cualquier pena impuesta si el penado está aquejado a una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.

Alberto sufre graves problemas de salud, sufrió un ictus hace varios años que le dejó importantes secuelas motoras. El pasado 10 de noviembre sufrió una trombosis pulmonar de la que todavía hoy se está recuperando.

Tras salir del juzgado, el activista ha criticado que el fiscal haya alegado que es “un tipo peligroso”, recomendando que ingrese en la cárcel. “Así, ha denunciado que personas que han robado millones de euros estén en la calle y él tenga que ingresar un año por una lucha social contra los parquímetros.

“Este Gobierno está aplicando conmigo el intentar reprimir y asustar a la gente que sale a la calle. Nos quieren callar la boca”, ha aseverado Alberto, quien se ha ofrecido a realizar trabajos sociales en sustitución del ingreso en la cárcel.

CON ESPERANZA

Por su parte, su abogado ha destacado que desde 2006 no cuenta con antecedentes penales. Sin embargo, sí los tiene por años anteriores relacionados por las mismas causas. Y ha manifestado que están esperanzados a que el juez estime la petición solicitado de suspender la orden de entrada.

En el caso de Jesús Otero, un jubilado del Barrio del Pilar y activista de la Coordinadora 25s, el juez le impuso una multa de 10.000 euros. Por ello, le embargaron un 33 por ciento de su pensión, unos 200 euros al mes.

Según la Coordinadora, Alberto participó el pasado 28 de septiembre en la protesta “Jaque al Rey”. Dos días después, al activista le llegó una orden definitiva de entrada en prisión por un año, relacionada con las luchas de las que formó parte en 2006 en Madrid contra los parquímetros.