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MADRID, 20 (EUROPA PRESS)

El fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, ha afirmado este miércoles que le parece “mal” que el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no vaya a incorporar entre sus vocales a ningún miembro de la carrera fiscal, lo que “rompe una larga tradición”. “Respeto la decisión, pero tengo que lamentarme de ella y no compartirla”, ha afirmado.

Torres-Dulce ha realizado estas afirmaciones tras asistir junto con el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, y la ministra de Fomento, Ana Pastor, a la firma de un convenio que tiene como finalidad facilitar la venta de buques, barcos y otras embarcaciones que han sido intervenidas en procesos de tráfico de drogas o blanqueo de capitales antes de que se dicte sentencia firme.

Preguntado por este asunto, ha señalado que no quiere decir con sus críticas que el CCGPJ “tenga que ser de alguna forma corporativo, ni gremialista, ni que tengan que estar representadas todas las profesiones jurídicas o que actúen en el ámbito de la justicia”. No obstante, ha añadido que esta representación no es mala “porque quiere decir que se aportan al Consejo visiones no estrictamente judiciales”.

El fiscal general ha añadido que respeta las decisiones adoptadas ayer por los grupos parlamentarios para la renovación del CGPJ, porque este ámbito no le corresponde, pero ha subrayado que le habría gustado que una representación que ha sido asumida “muy brillantemente” por Almudena Lastra y Gabriela Bravo -actuales vocales- en el CGPJ hubiera tenido correspondencia en el nuevo Consejo.

Por su parte, y durante la firma del convenio, el ministro de Justicia ha hecho público “un agradecimiento y un reconocimiento” a la labor realizada por el actual presidente del órgano de gobierno de los jueces, Gonzalo Moliner, para la consecución del acuerdo que ayer se alcanzó en la sede parlamentaria para la renovación del CGPJ

“Quiero decir que la actitud de amplisimo consenso se debe a su esfuerzo y mediación”, ha indicado, para subrayar que “el éxito o alcanzado ayer” es en buena medida fruto de la implicación de Moliner en este asunto.

UGT

Por otra parte, y preguntado por la incoación de diligencias en la Audiencia Nacional contra directivos de UGT, el fiscal general de Estado ha mostrado su “respeto más absoluto” para las decisiones judiciales.

“Si un órgano judicial, en este caso un juzgado Central entiende que hay materia para abrir un procedimiento judicial, el Ministerio Fiscal no tiene nada que decir- -ha explicado-. Simplemente, cuando se de traslado de la materia judicial que hay en ese momento se contestará siempre con el máximo respeto a la legalidad”.