sábado, 19 septiembre 2020 18:36

El Gobierno catalán calcula ingresar 2.318 millones en privatizaciones y venta de activos

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

El Gobierno catalán prevé ingresar el próximo año un total de 1.454 millones de euros por privatizaciones y otros ingresos patrimoniales, que no ha concretado, y 864 millones por la venta de activos reales, incluidos edificios, según ha explicado el consejero de Economía, Andreu Mas-Colell.

En rueda de prensa este martes en el Parlamento para presentar los presupuestos de 2014 que ha aprobado el Consejo Ejecutivo, ha dicho que el Gobierno catalán prevé gestionar el año que viene alrededor de 26.000 millones, con un déficit del 1% del PIB.

Mas-Colell no ha detallado qué activos va a poner al mercado el Gobierno, algo que “deberá desarrollase” a lo largo del próximo año, y ha afirmado que su venta podría ser inferior, según cómo evolucionen las negociaciones con el Estado y la revisión de los adelantos.

El Gobierno considera que en 2014 no pueden hacerse nuevos recortes de servicios públicos, y además caen los ingresos y el pago de intereses se mantiene estable, por lo que para lograr cumplir con el déficit del 1% del PIB se opta por crear nuevas tasas y la privatización de activos públicos.

INCASÒL Y DEPURADORAS

En rueda de prensa, el consejero no ha entrado a detallar si entre las posibles privatizaciones de activos se incluye la venta de terrenos que posee el Institut Català el Sòl (Incasòl) y la concesión de las depuradoras de aguas residuales.

En cuanto a la privatización de Aigües Ter Llobregat (ATLL), proceso que se encuentra en los tribunales, Mas-Colell ha asegurado que en cualquier caso, se trata de una venta que pertenece a los presupuestos de 2012, por lo que “no tiene nada que ver con los presupuestos de 2014”.

Sobre una hipotética privatización de las depuradoras, opción que recoge este martes 'El País' y que Mas-Colell no ha valorado, existen actualmente unas 450 depuradoras de aguas residuales municipales, con una titularidad muy diversa.

La Agencia Catalana del Agua (ACA) es propietaria de menos de la mitad, y el resto depende de consejos comarcales y ayuntamientos e, incluso, algunas han sido construidas gracias a fondos europeos y otras son explotadas por empresas privadas.