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Plantea al Gobierno que cambie la Ley de Subvenciones para que las fundaciones públicas queden sujetas a ella en su totalidad

MADRID, 15 (EUROPA PRESS)

El presidente del Tribunal de Cuentas, Ramón Álvarez de Miranda, ha denunciado este martes en el Congreso que los sindicatos UGT y Comisiones Obreras adjudicaban las acciones de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales que ellos mismos ejecutaban, y ha apuntado que posiblemente se pactaba el reparto de los fondos antes incluso de presentar las propuestas de actuación y que faltaba control sobre si se habían cumplido los objetivos establecidos.

Durante su comparecencia ante la Comisión Mixta (Congreso-Senado) para las Relaciones con el Tribunal de Cuentas, Álvarez de Miranda ha presentado el informe sobre los primeros ocho años de funcionamiento de la Fundación, aprobado en noviembre de 2010, pero que hasta ahora no se había debatido en sede parlamentaria.

El presidente del organismo fiscalizador ha señalado que tanto en las acciones directas como en las indirectas territoriales que financia la Fundación, las organizaciones sindicales y sus entidades vinculadas “propusieron la realización” de las actividades y “también ostentaron la condición de solicitantes y ejecutantes de esas acciones”.

“En las convocatorias de los ejercicios 2006 y 2007, al menos diez de los miembros de los órganos tripartitos y de participación institucional fueron solicitantes de las acciones y, al mismo tiempo, por su pertenencia al Patronato, aprobaron sus propias solicitudes”, ha ejemplificado.

PORCENTAJES “CASI IDÉNTICOS” DE EJECUCIÓN

Además, el presidente del Tribunal de Cuentas ha añadido que la existencia de “porcentajes casi idénticos en la ejecución” de las acciones directas e indirectas entre las entidades ejecutantes que forman parte del Patronato de la Fundación “denota la existencia de un posible reparto previo del importe de la dotación inicial aprobada”, lo que “afecta al grado de eficacia y economía”.

Y es que, según figura en el informe, entre 2007 y 2008, tres de las organizaciones sindicales pertenecientes al patronato de la Fundación –Unión General de Trabajadores-Confederal, el Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS, de CC.OO), y la Confederación Intersindical Galega–, solicitaron y ejecutaron un porcentaje del 90,2% del importe total de las acciones directas aprobadas.

En este sentido, se explica que el porcentaje ejecutado por UGT fue del 44,3% del importe total de las acciones directas aprobadas, mientras que el ISTAS, adscrito a CC.OO., alcanzó un 44,1%.

El 9,8% restante de las actuaciones en este periodo fue ejecutado por empresas privadas, a propuesta de las organizaciones empresariales más representativas y de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo

INSUFICIENTE COORDINACIÓN Y CONTROL

Así, Álvarez de Miranda cree que la adjudicación de estas acciones no respondió a los principios de concurrencia, transparencia, objetividad e igualdad y no discriminación. Mientras que en las acciones indirectas sectoriales, que sí contaban con un procedimiento de solicitud adecuado, los criterios de prioridad “tampoco se encontraban suficientemente ponderados y baremados”.

Y todo esto se suma, además, a la “insuficiente coordinación entre los diversos órganos y organismos” vinculados con la prevención de riesgos laborales, la mayoría de cuyos miembros “no asistían a las reuniones del Patronato”, lo que condujo a “una falta de diligencia en el cumplimiento de sus obligaciones”.

Álvarez de Miranda ha denunciado también la falta de indicadores para medir los objetivos que se trataban de alcanzar con la Estrategia Española de Seguridad y Salud en el Trabajo 2007-12 y sus correspondientes planes de acción, que ni siquiera iban acompañados de memorias económicas sobre sus costes y financiación. De hecho, ni siquiera había un tercero no vinculado a las entidades ejecutantes de las acciones que “verificase que se hubieran cumplido los objetivos”, lo que “impidió conocer el grado de eficacia conseguido”.

53,77 MILLONES EN DOS AÑOS

La Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales, que comenzó a operar en el año 2000 y que está integrada en el sector público estatal, destinó a las actividades de prevención de riesgos laborales en los ejercicios 2007 y 2008 un total de 27,1 millones y de 26,67 millones de euros, respectivamente, lo que representó un 10,38% y un 9,34% en relación con el importe total destinado por el sector público estatal a estos conceptos en dichos ejercicios.

Según Álvarez de Miranda, en el análisis de las cuentas de 2006 se observaron “diversas deficiencias” en relación con las retribuciones del personal interno, que carecían de un sistema de control sobre las actividades y horas desarrolladas por cada trabajador.

De este modo, se imputaron cargos por retribuciones de personas que “no tenían la consideración de personal interno de las entidades” ejecutantes, las situaciones de ausencias prolongadas del trabajador –incapacidad temporal, maternidad, etc.– no estaban “debidamente reguladas” y el Patronato acabó financiando gastos por este concepto a entidades que tenían suscritos contratos laborales con finalidades “totalmente distintas” a las que en teoría estaba financiando la Fundación.

RECOMENDACIONES

Por todo ello, el Tribunal de Cuentas plantea una serie de recomendaciones dirigidas tanto al Gobierno como al Patronato de la Fundación. Al primero le propone modificar la Ley General de Subvenciones de tal manera de que las entregas dinerarias sin contraprestaciones que se permiten a las fundaciones del sector público estatal se sometan “en su totalidad” a los preceptos fijados para todas las subvenciones, y que también se apruebe un reglamento específico sobre las normas de redacción del plan de actuación de las fundaciones.

Por otra parte, al Patronato de la Fundación de Riesgos Laborales se le recomienda aprobar un plan de actuación específico con objetivos generales y actividades para alcanzarlos, “previo análisis de las necesidades reales de las empresas y los trabajadores en materia de riesgos laborales”, y que modifique “sustancialmente” el proceso de acreditación de la realización de actuaciones encargándoselo a un órgano “imparcial y ajeno” al solicitante y ejecutante.

“Con independencia de la lejanía en el tiempo de las cuestiones, el informe pone de manifiesto temas preocupantes porque cualquier actividad de carácter público debería previamente evitar la sospecha de que pudieran estar previamente repartidas, predeterminadamente establecidas entre los ejecutantes, las ayudas. Y, además, es muy importante que el procedimiento de acreditación de la realización de las acciones se lleve a cabo por un órgano imparcial y ajeno”, ha zanjado el presidente.