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Mejorará el PIB y el empleo en épocas de crecimiento y reducirá las caídas cuando la evolución sea más negativa

MADRID, 1 (EUROPA PRESS)

Los consumidores ahorrarán unos 700 millones de euros en consumo familiar gracias a la ley de desindexación que desvinculará los precios públicos del IPC, siempre que la inflación se sitúe en el objetivo del 2% fijado por el Banco Central Europeo (BCE).

La norma derogará cualquier vinculación directa al IPC en los precios y servicios regulados o prestados por las administraciones públicas, de forma que nada se actualizará según el IPC desde el 1 de enero de 2014.

No afectará a pensiones, impuestos, instrumentos financieros ni a la negociación salarial, pero sí a transportes, telecomunicaciones, energía, servicios postales, agua, tasas, sanciones y los precios de los contratos públicos.

Según los cálculos del Ministerio de Economía, los gastos en bienes y servicios regulados que afectan a los hogares suponen el 7% del total, unos 36.000 millones de euros anuales, el 3,6% del PIB.

De esta forma, si la inflación alcanzara en un año el 2%, el ahorro para las familias sería de unos 700 millones de euros. Para 2014, el ahorro podría ser de 350 millones, ya que la inflación acabará este año en el entorno del 1%.

La nueva norma, cuyo anteproyecto fue aprobado el pasado viernes por el Consejo de Ministros y que el Gobierno pretende tener lista para que entre en vigor el 1 de enero, tendrá también un impacto en la evolución de la economía española y el empleo.

En concreto, si la economía española registra un 'shock' positivo de dos puntos por el crecimiento de la demanda externa, el empleo crecería un punto adicional y el PIB casi medio punto adicional ese ejercicio.

Si el 'shock' es negativo, la nueva ley generará también un impacto positivo en la economía y el empleo, ya que mermará la caída de la actividad en casi medio punto y la contracción del empleo en un punto.

Hasta ahora, los precios de servicios básicos como el agua, la telefonía, los peajes, el tren o los servicios postales se actualizaban el 1 de enero utilizando la referencia del IPC y teniendo en cuenta algunos factores. La propuesta en la que trabaja el Gobierno eliminaría esta vinculación al IPC y analizaría las subidas de precios sólo teniendo en cuenta los costes que supone la prestación de dichos servicios.

ÍNDICE DE GANANCIA DE COMPETITIVIDAD

Además, desarrolla un nuevo índice de referencia llamado índice de ganancia de competitividad que será publicado mensualmente por el Instituto Nacional de Estadística (INE) y que servirá para actualizar algunos precios.

Este indicador tendrá en cuenta la inflación armonizada, que será corregida con la pérdida de competitividad acumulada desde la entrada en el euro. Además, contará con un tope del 2% –el objetivo de inflación del Banco Central Europeo (BCE)– y un suelo del 0%.

El uso del índice se fomentará en el sector privado y se aplicará en casos limitados del sector público para garantizar servicios básicos esenciales. Este sería el caso de la prestación del servicio universal de telefonía, por el que Telefónica garantiza la prestación del servicio incluso en zonas en las que no le resulta rentable.

Así, la parte de la cuota de telefonía que cubre este servicio universal se actualizará en el futuro teniendo en cuenta el índice de ganancia de competitividad, mientras que el resto de la cuota se vinculará a los costes que suponga la prestación del servicio.

SEIS MESES PARA NEGOCIAR

Otros servicios universales que se actualizarán en el futuro teniendo en cuenta el nuevo índice serán el transporte entre las islas y la península y las ciudades de Ceuta y Melilla. El resto de los servicios públicos se actualizarán teniendo en cuenta los costes.

En el caso de los contratos ya firmados con empresas privadas, la norma fijará un periodo de seis meses para acordar un nuevo sistema de actualización de precios, de forma que las empresas tendrán cierto tiempo para rescindir el contrato si así lo prefieren.

En cualquier caso, el objetvio final de la ley es desligar todos los precios del IPC y que sus actualizaciones no sean automáticas, sino que se actualicen por los índices que determinen las administraciones correspondientes en función de los costes o a partir del nuevo índice de referencia.