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El Supremo argentino continúa audiencia pública sobre la ley de medios

En la audiencia, los integrantes del máximo tribunal argentino cuestionaron a las partes a favor y en contra de la ley, que fue aprobada por el Congreso en 2009 pero se mantiene parcialmente suspendida por una demanda presentada por Clarín, el mayor conglomerado multimedia de Argentina y el más perjudicado por la norma.

Damián Cassino, abogado de Clarín, expuso a la Corte Suprema que la ley afecta a la sustentabilidad del medio ya que, de declarase constitucional, su cliente “no va a poder atender los pagos de deuda ni hacer inversiones, y no va a poder operar en el mercado de Internet y de televisión por cable”.

Cassino alertó también de las consecuencias de la ley sobre la libertad de expresión en Argentina ya que, a su juicio, de alterarse la estructura actual de Clarín “se va a perder la única voz crítica que existe en nuestro país”.

“Es falso el argumento del grupo al decir que la aplicación de la ley hace insustentables a las empresas. Lo que busca es sostener su situación de privilegio para seguir lesionando el mercado audiovisual y desde esa posición dominante condicionar a los poderes públicos y así el rumbo del país”, contraatacó el titular de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual, Martín Sabbatella.

Sabbatella defendió la constitucionalidad de la ley ante el tribunal e insistió que es “una herramienta para democratizar la comunicación”.

Fuera de la audiencia, la ley de medios audiovisuales recibió el respaldo del relator especial de la ONU para la Promoción y Protección del Derecho a la Libertad de Opinión y Expresión, el guatemalteco Frank William La Rue, en declaraciones a medios locales en la Universidad de Buenos Aires.

“Creo que la Argentina sentó las bases para un proceso de democratización del uso de los medios audiovisuales, especialmente el manejo de las frecuencias por parte del Estado”, dijo La Rue.

La Cámara Civil y Comercial Federal determinó en abril pasado la inconstitucionalidad de dos artículos cuestionados por Clarín, pero el Gobierno apeló el fallo.

Se trata del artículo 45, referido al límite máximo de licencias que puede tener una empresa, y el 48, que legisla sobre los derechos adquiridos de las compañías antes de la aprobación de la norma.

La jefa de los fiscales de Argentina, Alejandra Gils Carbó, dictaminó en julio pasado la constitucionalidad de ambos artículos y pidió a la Corte Suprema que revoque el fallo anterior.

La Corte Suprema tiene ahora la última palabra en la causa.

La Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual fue impulsada por el oficialismo y aprobada por el Congreso argentino en sustitución de otra sancionada en 1980 durante el último régimen militar.

La ley fija para los medios privados de difusión nacional un máximo del 35 % del mercado en cobertura de televisión al aire y un 35 % de abonados en televisión de cable, 10 licencias de radio, 24 de televisión por cable y una de televisión por satélite.

Los grupos que excedan los máximos previstos por la ley, con Clarín a la cabeza, están obligados a desinvertir.

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