domingo, 20 septiembre 2020 13:45

Completan los integrantes del Consejo Regulador de la Comunicación de Ecuador

El periódico digital gubernamental El Ciudadano informó del nombramiento de Reyes y señaló que el nuevo órgano podría comenzar su labor a finales de este mes.

El Consejo estará integrado por Patricio Barriga, delegado del Ejecutivo y presidente; Paulina Mogrovejo, representante de la Defensoría del Pueblo; Tamara Merizalde, como parte de los Consejos de Igualdad; Roberto Wolgemuth, como delegado de los gobiernos autónomos descentralizados, y Hernán Reyes, representante del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social.

El Consejo de Regulación y Desarrollo de la Información y Comunicación tiene entre sus atribuciones regular el acceso universal a la comunicación y a la información, la regulación de la clasificación de contenidos y franjas horarias en los medios y la elaboración de informes vinculantes para la concesión de frecuencias de radio y televisión.

También le corresponde establecer mecanismos “que permitan la variedad de programación, con orientación a programas educacionales y/o culturales” y elaborar informes para que las autoridades de telecomunicaciones resuelvan sobre la finalización de concesiones por incumplimiento de objetivos.

La creación de este órgano ha sido objeto de críticas dentro y fuera de Ecuador por parte de la oposición y de organizaciones profesionales que consideran que representa una “mordaza” a los periodistas y un retroceso en materia de libertad de expresión.

El presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), el uruguayo Claudio Paolillo, destacó en junio, tras la aprobación de la ley, que el Consejo “sólo tiene representantes de los poderes públicos” y que establece el reglamento que “contienen las sanciones” y “viola todos los instrumentos internacionales de derechos humanos”.

También el Instituto Internacional de Prensa (IPI) ha destacado el poder de “disciplinar” a la prensa “mediante una combinación de sanciones legales y administrativas” que posee el ente.

Este consejo es una de las novedades de la nueva ley junto con la figura del “linchamiento mediático”, que se produce por medio de la publicación reiterada de informaciones con el fin de desprestigiar o reducir la credibilidad pública de personas físicas o jurídicas.

La ley, que entró en vigor el pasado 25 de junio, también crea la Superintendencia de Información y Comunicación, órgano que se encargará de la “vigilancia, auditoría, intervención y control” y tendrá “capacidad sancionatoria” sobre la actuación de medios de comunicación.

La norma, para el Gobierno ecuatoriano, será un medio de frenar los abusos de cierta prensa.

El presidente Rafael Correa es contrario a los sectores de la prensa que, según él, desempeñan “un rol político” y ha defendido esta ley como un instrumento que “busca una prensa libre e independiente, que informe y comunique, no que defienda intereses privados”.