sábado, 26 septiembre 2020 8:30

APM afirma que la reforma de la LECrim supone un retroceso del derecho a la información

Así se recoge en un informe elaborado por la APM, a instancias de la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), sobre el texto de una comisión de expertos que servirá de base a la modificación de esa ley.

Según ha informado la APM en un comunicado, la limitación que más atenta contra la libertad de expresión y el derecho de información se recoge en el artículo 132.

Por primera vez se autoriza a los jueces o tribunales a vetar a los medios noticias sobre investigaciones judiciales cuando la información pudiera “comprometer gravemente el derecho a un proceso justo o los derechos fundamentales de los afectados”.

El incumplimiento de la orden judicial puede tener consecuencias penales, subraya el proyecto de reforma.

La APM señala en su informe su rechazo al considerar que si el proceso es público “no cabe prohibición de revelación alguna de lo que suceda durante el mismo”.

La asociación entiende que, en ningún caso, la información puede comprometer el derecho a un proceso justo y considera, además, que los periodistas y los medios desempeñan un papel esencial para asegurar que un proceso judicial se desarrolla con las correspondientes garantías para las partes implicadas.

El documento de esta organización señala que la reforma viene a consagrar el principio de la ausencia de publicidad en los procesos judiciales en tanto en cuanto así lo quiera disponer el tribunal que conoce el proceso.

La APM no comparte que se pueda acordar la celebración a puerta cerrada de cualquier actuación judicial por razones de “seguridad nacional”, “cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de los afectados lo exija” o si “se perjudican los intereses de la justicia”.

Así, se pregunta cuáles son los “intereses de la justicia” y subraya que “una apreciación tan vaga puede convertirse en una decisión infundada y arbitraria del juez cuando así lo estime oportuno”.

Además, precisa que hoy en día existen medios suficientes para proteger la identidad e imagen de los menores y también de los adultos cuando sea preciso y asegura no entender que pueda estar en peligro la seguridad nacional como consecuencia de un proceso judicial una vez finaliza la fase de investigación.

El informe de la Asociación de la Prensa recalca que el conocimiento del proceso por parte de todos los ciudadanos solo es posible a través de la retransmisión al público de la imagen y del sonido del juicio oral.

“Es evidente que no puede ponerse un equipo de retransmisión en cada tribunal”, pero “tampoco puede quedar al arbitrio del mismo la retransmisión del juicio oral”.