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En las últimas semanas la atención mediática del Caso Púnica se ha centrado en el exalcalde de Móstoles, Daniel Ortiz, debido a las distintas informaciones publicadas en los medios sobre su presunta implicación en la trama.  Estas informaciones se han fundamentado principalmente en la petición que el juez de la Audiencia Nacional, Eloy Velasco, ha hecho al Tribunal Superior de Justicia de Madrid para que le juzgue como investigado, ya que debido a su condición de aforado la Audiencia no tiene jurisdicción legal para enjuiciarle.

De momento, el TSJM no ha contestado este escrito en el que se acusa al actual portavoz popular mostoleño y diputado de indicios de delitos de fraude a la Administración Pública, tráfico de influencias, uso de la información privilegiada, infidelidad en la custodia de documentos, revelación de secretos y cohecho. Ante esta petición, Daniel Ortiz ha pedido comparecer de forma voluntaria ante el TSJM para esclarecer los hechos cuanto antes.

Esta semana, con el levantamiento parcial del sumario, Qué! ha tenido acceso a parte de los documentos en los que la UCO incide en que los borradores que tenía Marjaliza en su poder y que supuestamente habían sido entregados por el consistorio no coinciden con los que se llevó la Guardia Civil del Departamento de Contratación de Móstoles, concluyendo que COFELY no llegó a manipular la documentación de los pliegos del concurso.

Asimismo, en el documento se exponen las relaciones de David Marjaliza y Pedro García con el Ayuntamiento de Móstoles, siendo el contacto el que fue concejal de Medio Ambiente y único investigado de la trama en el apartado de Móstoles, Alejandro de Utrilla.

Según el informe policial, a pesar de que Alejandro no era el responsable del contrato “era la persona con la que hablaban, comían y con el “que vieron el tema””, además de facilitarles información de la apertura de las ofertas.

Sin embargo, el siguiente párrafo indica que tanto Pedro García como David Marjaliza “dudaban de que el Alcalde (Daniel Ortiz) estuviera implicado porque nunca pasaron de Alejandro”, añadiendo que sí que trabajaron mucho para que el contrato no se lo llevara FULTON pero que “no se pudo influir en la confección de los pliegos ni se accedió a los técnicos”, ya que el concurso estaba iniciado. Seguidamente, la UCO incide en que “se debió beneficiar a COFELY de otro modo”.

El Caso Púnica

Desde octubre del 2014 Móstoles y varios pueblos de la Comunidad de Madrid se encuentran investigados después de que la empresa COFELY ganara varios concursos con métodos irregulares. En el caso de Móstoles, la UCO entró al ayuntamiento y se llevó la documentación del megacontrato con COFELY que tiene una duración de 12 años y que incluye el mantenimiento de los edificios municipales.

En esta primera fase, el concejal de Medio Ambiente, Alejandro de Utrilla, es imputado por presunta relación con la manipulación del contrato aún no estando de Utrilla en la mesa de contratación de este pliego. En aquel momento, Ortiz retiró a Alejandro de sus funciones y envió un mensaje de tranquilidad a los mostoleños anunciando que tendría mano dura con los corruptos

Durante los últimos meses se han ido destapando algunas píldoras del sumario, en las que se demuestra que Alejandro de Utrilla y su hermano, el exalcalde de Sevilla la Nueva, estaban implicados en este caso, recibiendo una importantesuma de dinero a cambio de conseguir que los contratos de COFELY ganaran en ambos municipios.

En el último mes el exalcalde, Daniel Ortiz, ha sido el punto de mira del juez Eloy Velasco, quien ve indicios de fraude en el actual portavoz y diputado. Debido a su condición de aforado, Ortiz tendría que ser encausado y juzgado por el TSJM, de quien se espera una respuesta después de que Velasco enviara la petición de investigación de Ortiz a este órgano judicial.

A raíz de este hecho y de las informaciones que han publicado varios medios debido a los correos y SMS publicados por la Ser entre Ortiz y el concejal David Sánchez del Rey, el portavoz popular ha manifestado que él no está implicado en los hechos. “Mi función como Alcalde de Móstoles siempre ha estado presidida por el más riguroso respeto a la legalidad y a los vecinos del municipio”, dijo el pasado viernes.

Asimismo, aseguró que seestá ocasionando un daño irreparable a su honor y por ello pidió al TSJM comparecer por petición propia para que se esclarezcan todos los hechos.