Compartir

JAÉN, 29 (EUROPA PRESS)

Los padres de los tres niños sustraídos el pasado 2 de junio de un centro de menores de la Junta de Andalucía en La Carolina (Jaén) y localizados tres días más tarde en Madrid, se han sentado este lunes en el banquillo del Juzgado de lo Penal número 3 de Jaén acusados de un delito de robo con violencia e intimidación y una falta de lesiones por la que el fiscal les reclama penas de prisión.

En concreto, la Fiscalía ha pedido dos años de cárcel para Manuel Muñoz, mientras que para Vanesa Vilches la petición de pena se eleva a tres años y medio de cárcel por tener antecedentes penales computables por otro delito de robo con violencia e intimidación por el que fue condenada a seis meses de cárcel en junio de 2008.

El juicio se ha celebrado después de tres intentos ya que la denunciante no ha comparecido cada vez que se le ha citado. Finalmente este lunes y aunque la denunciante y supuesta víctima no se ha personado en el juzgado, la jueza ha decidido celebrar la vista.

Los hechos ya enjuiciados y vistos para sentencia se remontan al 16 de septiembre de 2011 cuando una mujer, prima hermana de Manuel Muñoz, denunció haber sido agredida por éste y su mujer en plena calle para robarle 65 euros.

Tanto Vanesa como Manuel se han declarado inocentes ante la jueza y han apuntando que la denuncia se produjo después de que ellos se negaran a darle 10 euros a la denunciante. Los acusados han relatado que fue la propia denunciante la que tras su negativa a darle dinero “se arañó ella misma y se rompió la ropa”.

“Tiene problemas con el alcohol y además está en tratamiento psiquiátrico. Todo el mundo la conoce y tiene denunciada a media familia”, ha dicho Manuel Muñoz que ha tomado la última palabra que le ha dado la jueza para reclamar el fin de este proceso. “Solo quiero que esto se acabe de una vez por todas, son ya cuatro años esperando a que esto se termine”, ha dicho Manuel Muñoz.

Aunque el Ministerio Público ha mantenido su petición de penas hasta el final, el abogado defensor ha solicitado la libre absolución por “una total ausencia de prueba” y aludiendo a las contradicciones de la denunciante que empezó denunciando que le habían robado 90 euros para terminar en 65 euros, además de cambiar el sitio en el que supuestamente se habían producido los hechos.