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Así, entre las relacionadas con servicios públicos, urbanismo y vivienda, los recién llegados exigen lo siguiente:

Romper, en el plazo máximo de tres meses desde la investidura, cualquier tipo de relación económica con bancos que ejecuten desahucios.
Gravar impositivamente, previa realización de un censo, las viviendas vacías, especialmente aquellas que sean propiedad de entidades bancarias y personas jurídicas.
No realizar ningún plan de sectorización de suelo urbanizable no sectorizado y desestimar mediante acuerdo del Ayuntamiento Pleno todo aquel que se presentare ante el Ayuntamiento.
Elaborar los informes técnicos oportunos para proceder a la rescisión de la concesión del Complejo Acuático Getafe Norte, recuperando la gestión directa municipal.

Por otro lado, en lo que tiene que ver con la transparencia y participación ciudadana, se solicita:

Pedir a la Asamblea de Madrid la salida del Ayuntamiento de Getafe del régimen del Título X de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local (regulador de los municipios de gran población), conocida como “Ley de Grandes Ciudades”. Establecer, mediante compromiso del Gobierno Municipal, el no hacer uso de las competencias que dicha ley traspasa del Ayuntamiento Pleno a Junta de Gobierno Local, y asumir como vinculante toda decisión del Ayuntamiento Pleno.
Constituir en la tercera sesión de la legislatura, una comisión, formada de forma plural, para la redacción de un Reglamento del Pleno que regule el funcionamiento del mismo, facilite la labor de oposición y la participación ciudadana.
Constituir un Consejo de Redacción conformado por personas designadas por los grupos municipales y personal de plantilla de prensa, de forma que se garantice la pluralidad y proporcionalidad de la información publicada en el Boletín Municipal.
En el plazo de tres meses, reparar, reponer y ampliar el número de espacios de libre expresión, garantizando un mínimo de cinco en cada barrio ubicados en los puntos de mayor afluencia.
Publicitar todos los contratos municipales, inclusive aquellos de cuantía menor de la exigida legalmente para ello.

Por último, incluyen una serie de medidas de “buen gobierno”, que consideran prioritarias para poder llegar a un acuerdo: 

Limitar el monto salarial total de cada cargo públicos, de libre designación o de dirección de organismos y empresas municipales a un máximo de tres veces el Salario Mínimo Interprofesional.
Establecer y revisar de manera específica las funciones, competencias y retribuciones de los puestos de trabajo del Ayuntamiento.
Establecer un máximo de tres tenencias de alcaldía y de quince designaciones de personal eventual (cargos de confianza y personal político de libre designación) en el conjunto del Ayuntamiento y organismos asociados; y la publicación de la relación de todos ellos, con currículum vitae y especificación de funciones, en la página web del Ayuntamiento.
No designar, o destituir inmediatamente en su caso, a ninguna persona imputada, procesada o acusada por casos de corrupción como cargo político en ninguna institución pública. Así pues, destituir o exigir su destitución a la exconcejala imputada Cristina González Álvarez de cualquier cargo público, de asistencia política o similar hasta que sea declarada inocente de las acusaciones que contra ella tuvieron lugar por el “caso Aparcamientos”.
Realizar, al cabo de tres meses, un debate público y abierto para valorar el cumplimiento de estas líneas básicas.