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Asimismo, ha ratificado que el mero hecho de ser socia no administradora
de esta mercantil no implica que se le deba atribuir a ella la
defraudación
que se habría cometido a través de la empresa que comparte
junto a Iñaki Urdangarin.

En su declaración ante el juez instructor del caso Nóos, José Castro, el fiscal anticorrupción Pedro Horrach, la acusación popular y varios de los abogados personados en la causa, la funcionaria ha recalcado que no hay indicios incriminatorios contra la hija del Rey don Juan Carlos, pese a ser titular en un 50 por ciento de Aizoon, una sociedad cuyos servicios, según Hacienda, estaban “íntima e indisolublemente vinculados a la personalidad del señor Iñaki Urdangarin”.

La perito ha incidido en que únicamente fue Urdangarin quien, a través de Aizoon, percibió retribuciones procedentes de entidades privadas por su condición de consejero asesor que, sin embargo, eran facturadas a través de la mercantil cuya titularidad comparte con su mujer con el fin de tributar menos en su declaración de la renta.

En su comparecencia, la funcionaria ha apuntado que lo relevante es determinar qué socio generó con su actividad las ganancias y, en este sentido, asevera que las retribuciones abonadas por labores de asesoramiento a determinadas entidades fueron atribuidas al Duque porque fue él quien desarrolló esa actividad de consejero/asesor de empresas multinacionales.

En cuanto a los 69.990 euros que Aizoon pagó en 2007 a Intuit, una de las sociedades instrumentales del exsocio de Urdangarin Diego Torres, a través de tres facturas que, de resultar falsas, permitiría imputar un delito fiscal a la infanta puesto que el importe no habría sido declarado en el impuesto de sociedades, la inspectora ha señalado que en su informe no entró a valorar esta circunstancia, aseverando que, a lo largo de 41 páginas, hasta en 17 ocasiones hizo constar que el análisis era “provisional”.

LA POLICÍA NO VE DELITO DE BLANQUEO DE CAPITALES

Mientras tanto, la inspectora jefa del Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, que durante meses analizó cientos de facturas expedidas relativas al dinero que Aizoon pagó a la reforma de la vivienda que los Duques de Palma poseen en Barcelona, más conocido como 'palacete' de Pedralbes, y a otros gastos particulares, ha afirmado tajante que no hay indicio alguno de que la Infanta incurriera en un delito de blanqueo de capitales por haberse beneficiado de ingresos ilícitos y, con conocimiento de su origen delictivo, haberlos destinado a gastos particulares.

Una afirmación que contrasta con la tesis de la Audiencia Provincial de Baleares que, en el auto por el que archivó la imputación de la Infanta en cuanto a su papel en el Instituto Nóos pero abrió la vía para que fuera investigada por presunto delito fiscal o de blanqueo, el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos personales del matrimonio, como la reforma de su vivienda familiar, con el posible “conocimiento del origen ilícito y delictivo” de estos fondos.