Compartir

PALMA DE MALLORCA, 29 (EUROPA PRESS)

El titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma, José Castro, analizará en próximos días el nuevo informe que ha aportado el Grupo de Delincuencia Económica de la Policía Nacional en Baleares, así como los últimos datos de la Agencia Tributaria en torno a las salidas de fondos de la empresa Aizoon -propiedad al 50 por ciento de los Duques de Palma- para decidir, en base a ellos, si acuerda la imputación de la Infanta Cristina por un presunto delito fiscal o de blanqueo de capitales.

Una decisión que adoptará en breve, no sin antes consultar a la Fiscalía Anticorrupción y las demás partes personadas en el caso Nóos para que, con todos los datos reunidos, se pronuncien al respecto, según informaron fuentes de la investigación a Europa Press.

Entre la nueva documentación, la Policía Nacional ha entregado al juez un último informe en el que detalla numerosas facturas expedidas por Aizoon -una de las mercantiles del entramado empresarial de Urdangarin y su exsocio Diego Torres que habrían recibido fondos ilícitos del Instituto Nóos- y que se centran en los gastos personales en los que incurrieron los Duques a través de esta empresa, principalmente relacionados con gastos de colegio y servicio doméstico.

Y es que el juez busca averiguar si tanto Urdangarin como la Infanta se habrían beneficiado, a través de Aizoon, de los ingresos ilícitos procedentes de Nóos para destinarlos a sus gastos particulares, y de este modo esclarecer si la hija del Rey habría incurrido en un delito de blanqueo de capitales. Del mismo modo se indagan los encargos realizados desde Aizoon a los distintos proveedores que llevaron a cabo la rehabilitación, reforma y mantenimiento del conocido como palacete de Pedralbes.

De hecho, el propio tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que dejó sin efecto la imputación de la Infanta por su papel como vocal del Instituto Nóos, dejó las puertas abiertas a que se la investigase por presunto delito fiscal o blanqueo por cuanto el dinero que de forma presuntamente irregular percibió Aizoon desde Nóos no se quedó en la cuenta de la primera entidad, sino que se destinó a gastos particulares del matrimonio.

Es más, el juez incorporó recientemente la causa la información remitida por una entidad bancaria según la cual fueron traspasados desde Aizoon hasta un total de 150.000 euros que fueron a pasar a una cuenta bancaria cuyo titular es Urdangarin y autorizada la Infanta Cristina, según la documentación a la que ha tuvo acceso Europa Press.

LOS DUQUES SE HABRÍAN BENEFICIADOS DE LOS INGRESOS DE NÓOS

Según las investigaciones, el matrimonio se habría beneficiado a través de Aizoon de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de la mercantil de la que ambos son copropietarios. En concreto, de acuerdo a la documentación aportada al procedimiento judicial por La Caixa, el traspaso se produjo el 27 de diciembre de 2006.

A partir de ahora, Castro decidirá, en base a todos los datos reunidos y las alegaciones de las acusaciones, qué camino seguir respecto a la mujer de Iñaki Urdangarin. Un paso con el que el juez dará respuesta al tribunal de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Baleares, que le emplazó a poner término a las pesquisas relacionadas con la Duquesa de Palma “en aras de evitar mayores especulaciones” y debido a que “no resulta posible ni aceptable investigarla indefinidamente”.

Y es que, en un extenso auto, en el que la Sala dejó las puertas abiertas al posible encausamiento de la Infanta por supuesto delito fiscal y de blanqueo de capitales, la Sala recalcaba incluso que ese cierre de la investigación constituye “no sólo una exigencia para los derechos que afectan a la Infanta como persona investigada”, dado que “no es admisible mantener una investigación permanentemente abierta, sino que al mismo tiempo esta medida dotaría de “transparencia y posibilidad de control a la actuación judicial”.

LA INFORMACIÓN APORTADA HASTA AHORA POR LA AEAT

En cualquier caso, la información aportada por la AEAT no considera a la Infanta cooperadora o partícipe de un delito contra Hacienda “por el sólo hecho” de ser socia no administradora de la mercantil Aizoon, la empresa de la que es propietaria al 50 por ciento junto a Urdangarin y a través de la cual, según el criterio de la Audiencia, el matrimonio se habrían beneficiado de los ingresos procedentes del Instituto Nóos así como del dinero supuestamente defraudado a Hacienda por parte de Aizoon.

Según los investigadores, el Duque “interpuso” esta mercantil para facturar “ciertos servicios de carácter personalísimo”, como el servicio doméstico, que nada tenían que ver con la actividad de la inmobiliaria, todo ello con el objetivo de reducir su propia tributación en la declaración del IRPF.

De hecho, la Agencia Tributaria señala cómo durante 2007 y 2008, ejercicios en los que Urdangarin habría defraudado a Hacienda al menos 240.000 euros, utilizó Aizoon como “pantalla” para tributar gastos como los de su propio servicio doméstico o los de su asistenta personal, con el objetivo de beneficiarse de un tipo impositivo inferior (el aplicado a las sociedades).