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MÁLAGA, 9 (EUROPA PRESS)

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado escrito de acusación contra 49 personas por el denominado caso 'Arcos', contra la presunta corrupción urbanística en la localidad de Alcaucín (Málaga) y pide la apertura de juicio oral contra ellos. Entre los acusados está el exalcalde de dicho municipio José Manuel Martín Alba, para el que piden una pena de 226 años y medio de prisión y más de 730 años de inhabilitación para empleo o cargo público, según la calificación a la que ha tenido acceso Europa Press.

La mayoría de los acusados en esta causa, investigada en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de la localidad malagueña de Vélez-Málaga, son empresarios dedicados a la promoción urbanística –en total 27 de los acusados–, aunque también están, además del exregidor de Alcaucín, dos familiares de éste; seis funcionarios municipales o de la Diputación Provincial; siete arquitectos; cuatro intermediarios y dos abogados o asesores urbanísticos.

A Martín Alba se le acusa, según la calificación del fiscal, de más de 270 folios, de los delitos de fraude, falsedad, falsedad en documento oficial, cohecho, blanqueo de capitales, malversación, tráfico de influencias, uso de información privilegiada y prevaricación o prevaricación urbanística. De hecho, sólo en este tipo de delictivo se acusa de 62 delitos por presuntamente autorizar arbitrariamente parcelaciones o construcciones contrarias a la norma y prescindiendo casi siempre de informes técnicos.

A pesar de los múltiples delitos por los que se acusa a varios de los procesados y la suma de los años, en la calificación consta que habrá que tener en cuenta el límite máximo de cumplimiento establecido en el artículo 76.1 del Código Penal, en el que se establece que la condena no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años.

La primera fase de la operación policial se llevó a cabo en febrero de 2009 y se detuvo a Martín Alba y al exjefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación, José Mora, también acusado. La titular del juzgado decretó prisión sin fianza para ambos. El exregidor, expulsado del PSOE y que renunció a su acta de edil, salió de la cárcel en junio de ese mismo año, tras pagar la fianza de 120.000 euros; siendo actualmente concejal independiente del Ayuntamiento de Alcaucín.

El escrito de Anticorrupción contiene un relato fáctico ordenado en 121 epígrafes, siguiendo un orden cronológico, y en el que se describen hechos sucedidos entre 1999 y 2010, que se califican como 90 delitos de falsedad ideológica –en algunos casos también se manipulan firmas, sellos y textos–, cometidos por autoridad o funcionario en documentos oficiales creados desde el Ayuntamiento, Diputación o Catastro Inmobiliario, que con frecuencia eran inducidos por los promotores beneficiados o sus representantes.

Asimismo, se califican 19 delitos de falsedad en documento oficial cometidos por particulares, atribuidos supuestamente a arquitectos que redactaban proyectos o documentos técnicos de contenido “falaz” destinados a expedientes municipales o catastrales; 10 delitos de falsedad por imprudencia grave, imputados exclusivamente al secretario municipal de Alcaucín; y siete delitos de prevaricación urbanística por informes de arquitectos municipales o provinciales contrarios a la normativa urbanística.

También hay 22 delitos contra la ordenación del territorio por construcciones ilegales, que fundamentalmente se imputan a los empresarios. Buena parte de dichas infracciones aparecen como delitos continuados, apuntando que “las diversas acciones responden a un mismo patrón o son fruto de conciertos delictivos entre autoridades, funcionarios, profesionales y promotores”.

Al tratarse de hechos anteriores a la reforma introducida en el Código Penal en el año 2010, han prescrito algunos de los delitos contra la ordenación del territorio, falsedad y tráfico de influencias atribuidos a particulares. También se ha formulado acusación por 20 delitos de cohecho, tanto activos como pasivos; 12 con fin delictivo y ocho para acto injusto; un delito de fraude; dos de malversación; 10 de estafa; uno de estafa procesal; y dos de blanqueo de capitales.

Asimismo, se califican seis de tráfico de influencias; uno de uso de información privilegiada; un delito de actividades prohibidas a funcionarios y otro intrusismo profesional. En lo que respecta a Mora, para el que piden más de 110 años de prisión y 144 de inhabilitación para empleo o cargo público, se le acusa de falsedad, falsedad en documento oficial, prevaricación urbanística, cohecho, estafa, falsificación y actividades prohibidas a funcionarios.

Las pruebas proceden de los registros en febrero de 2009 en el Ayuntamiento, en el Servicio de Arquitectura de la Diputación, en un estudio de arquitectura de la capital y en un despacho de abogados de Alcaucín. Más adelante, se analizaron las bases de datos del Catastro y se practicó, ya en 2012, nuevos registros en la Gerencia Territorial del Catastro y en el Patronato Provincial de Recaudación.

LOS HECHOS

Según consta en las conclusiones iniciales del fiscal, a las que ha tenido acceso Europa Press, Martín Alba, durante la segunda mitad de su mandato, que fue de 1991 a 2009, “coincidiendo con el periodo de mayor auge urbanístico y con una creciente demanda de suelos urbanizables que escaseaban” en este y otros municipios, “aprovechó la ausencia de controles eficaces para desempeñar esos cargos a su antojo, prescindiendo de la norma urbanística cada vez que le convenía”.

También operó, a través de otras personas, como intermediario o corredor de fincas, “obteniendo por ello importantes ingresos económicos, siendo ese el origen de parte de los 240.000 euros de cuentas corrientes y productos financieros y de los 160.000 euros en billetes que escondía en su domicilio bajo un colchón”, que fueron intervenidos en el registro de su domicilio.

La Fiscalía sostiene que se “multiplicaron” las infracciones urbanísticas y que el Ayuntamiento no sólo hizo “dejación de sus responsabilidades en materia de disciplina urbanística, sino que trató de solaparlas promoviendo nuevos instrumentos de planeamiento basados en un desmesurado aumento de suelo edificable”, que no prosperaron gracias a nuevas normas de planeamiento supramunicipal con las que la Junta de Andalucía neutralizó el riesgo de crecimiento incontrolado.

Así, para el ministerio público, “proliferaron las construcciones clandestinas”, por un lado a base de viviendas unifamiliares aisladas en suelos rústicos, partiendo de parcelaciones supuestamente prohibidas en la legislación urbanística; por otro mediante bloques de apartamentos en las zonas adyacentes a núcleos de población, que sistemáticamente se autorizaban en parcelas reservadas para viviendas unifamiliares o directamente sobre suelo no urbanizable, con un resultado “caótico”.

También se aprovecharon “fallos del sistema”, destacando en tal sentido “tanto los numerosos informes técnicos sin ningún control de la Diputación para encubrir infracciones urbanísticas de mayor importancia, como la frecuente manipulación del Catastro, siempre gracias a la colaboración de funcionarios”. En esta última modalidad, se aprovechaban supuestas fisuras que permitían introducir en las bases “edificaciones que no existían en la realidad”.

Unas veces, apunta Anticorrupción, eran viviendas diseminadas que todavía no estaban construidas y que sin embargo ya tributaban en el impuesto de bienes inmuebles; y otras con la fraudulenta inserción de casas en ruinas susceptibles de rehabilitación, que tampoco respondían a la realidad. En muchos casos el resultado fue “la construcción de grandes residencias, impropias de terrenos de tan alto valor ecológico”.