Más de 300 personas murieron en 2024 en España esperando una respuesta a su solicitud de eutanasia. El dato, frío y contundente, ha vuelto a sacudir el debate público apenas unas horas después de publicarse el último informe del Ministerio de Sanidad. ¿Cómo puede ocurrir esto en un derecho reconocido por ley desde 2021?
Las cifras están ya en todos los medios, pero detrás de los números hay tiempos, procedimientos, médicos desbordados y pacientes que no llegan a tiempo. El sistema funciona, sí, pero más lento de lo que muchos esperaban cuando se aprobó la ley. Y ese retraso tiene consecuencias irreversibles.
El reto ahora es evidente, acelerar los procesos sin poner en riesgo las garantías que protegen tanto a los pacientes como a los profesionales sanitarios. Una ecuación delicada que vuelve a colocar la eutanasia en el centro del debate social y político en España.
Un derecho que llega tarde para demasiados pacientes
En 2024 se finalizaron 929 procesos de solicitud de eutanasia en España. De ellos, 426 acabaron en una prestación efectiva. Pero 308 personas fallecieron durante la tramitación, un tercio del total. El tiempo medio desde que se presenta la solicitud hasta que se resuelve supera los 50 días, y si se incluyen aplazamientos, la espera se va por encima de los 80. Para muchos pacientes, ese margen simplemente no existe.
La mayoría de quienes solicitaron la ayuda para morir eran mayores de 60 años, con enfermedades neurológicas u oncológicas en fases avanzadas. No hablamos de decisiones improvisadas, sino de procesos largos, pensados y, en muchos casos, acompañados por los propios médicos. Aun así, el sistema no siempre logra adaptarse a la urgencia real del deterioro físico, y eso explica por qué tantas solicitudes quedan sin respuesta definitiva.
El equilibrio entre rapidez y garantías legales
La ley de eutanasia se diseñó para ser garantista, al igual que todas las leyes. Dos solicitudes, informes médicos, evaluaciones independientes y la supervisión de las comisiones autonómicas buscan evitar errores irreversibles. El problema es que ese mismo blindaje, en la práctica, ralentiza el proceso más allá de los plazos previstos por la norma.
En 117 casos durante 2024, los médicos responsables acortaron los tiempos ante el riesgo de pérdida de capacidad del paciente. Es una señal clara de que el sistema tiene margen de flexibilidad, pero también de que depende demasiado de decisiones individuales. Las comisiones de garantía hacen su trabajo, pero están desbordadas en algunas comunidades, lo que provoca desigualdades territoriales y retrasos difíciles de justificar desde fuera.
Un debate social que ya no es teórico
La publicación del informe del Ministerio de Sanidad ha generado una reacción inmediata entre los afectados, una reacción que se ha hecho sentir en diferentes medios de comunicación y por supuesto, redes sociales. Asociaciones de pacientes denuncian que el derecho existe, pero no siempre llega a tiempo. Profesionales sanitarios reclaman más recursos y menos burocracia. Y desde la política, el debate vuelve a dividirse entre quienes piden agilizar los trámites y quienes temen que acelerar suponga rebajar controles.
Aun así, hay señales de consolidación. La donación de órganos tras la eutanasia crece cada año y ya ha permitido cientos de trasplantes. Cada vez más personas conocen el procedimiento y lo integran en sus decisiones vitales. La eutanasia ya no es un tabú, pero sigue siendo un derecho imperfecto, condicionado por tiempos administrativos que no siempre encajan con la realidad de la enfermedad.
Más de 300 personas murieron esperando en 2024. No es un argumento ideológico, es un hecho. La pregunta que queda abierta es si España será capaz de ajustar su sistema para que la ley cumpla su promesa completa, proteger, acompañar y, cuando llega el momento, no llegar tarde.
