¿Puede un país funcionar si casi la mitad de quienes lo sostienen (funcionarios) se jubilan a la vez? ¿Quién asumirá tareas clave cuando miles de puestos queden vacíos? ¿Estamos preparados para el mayor cambio generacional en la historia reciente de la Administración? Estas preguntas ya no son futuristas, son la realidad que España deberá afrontar durante la próxima década.
Porque mientras hablamos de teletrabajo, digitalización y nuevas oposiciones, hay un reloj corriendo en la Administración General del Estado. Un reloj que marca 2035 como un año crítico. Y aunque no se hable de ello en el bar, en los pasillos de los ministerios el tema es casi monotema, quién viene y quién se va.
España encara una década decisiva donde las jubilaciones masivas, la falta de planificación y una plantilla envejecida amenazan con dejar huecos que nadie sabe si podrán cubrirse a tiempo. Pero también es un momento de oportunidades para quienes se plantean opositar en un contexto donde el empleo público vuelve a ser una puerta abierta.
La bomba demográfica en la Administración: un relevo que ya no se puede aplazar

España tiene un problema que ya no cabe debajo de la alfombra, el 57% del personal de la Administración General del Estado tiene más de 50 años. No es una cifra simbólica, es un aviso. Si seguimos la proyección oficial, casi 90.000 empleados públicos se jubilarán antes de 2035. Y eso significa que casi la mitad de los funcionarios que hoy sostienen el Estado dejarán sus puestos en diez años.
El impacto será especialmente duro en los subgrupos C2 y en el personal laboral E1, donde las jubilaciones superarán el 70% y hasta el 80% en algunos cuerpos. Esa salida masiva no solo implica falta de manos, sino pérdida de conocimiento acumulado, experiencia y procedimientos que, si no se transmiten, pueden poner contra las cuerdas la calidad de los servicios públicos. Y ahí es donde empieza el verdadero desafío: no es solo sustituir números, es reemplazar saber hacer.
La OEP como salvavidas: 40.000 plazas y un ejército de nuevos perfiles

Ante este panorama, las Ofertas de Empleo Público se han convertido en el gran dique de contención. En los próximos meses se espera una OEP que rondará las 40.000 plazas, una cifra similar a la del récord del año pasado. Pero no se trata solo de cantidad, sino de quiénes entran. La Administración ya no es ese espacio reservado para perfiles homogéneos, cada vez se incorporan más profesionales tecnológicos, expertos digitales y personas que buscan estabilidad tras vidas laborales muy diversas.
El relevo no solo vendrá de jóvenes recién titulados. Está aumentando el número de opositores mayores de 50 años que buscan seguridad en el tramo final de su carrera. Y también de quienes, como muchos, necesitan un empleo que permita conciliar. Las oposiciones ya no son solo un objetivo profesional, se han convertido en un cambio de vida. Y eso explica por qué la competencia crece, y por qué la Administración necesita planificar mejor, agilizar procesos y modernizar su forma de captar talento.
El riesgo real: qué pasa si España no llega a tiempo

La gran pregunta no es si habrá jubilaciones. Es qué pasará si el relevo generacional no se ejecuta bien. Y el escenario no sería menor, trámites más lentos, departamentos sobrecargados, externalizaciones forzadas y pérdida de servicios fundamentales. UGT y otros sindicatos ya lo han avisado, sin una estrategia clara, el Estado puede entrar en una década de tensión que afectará directamente a los ciudadanos.
El problema se agrava por otro factor, el país no tiene suficientes jóvenes para ocupar todas las vacantes que llegan. Solo dos sectores en España cuentan con más trabajadores jóvenes que sénior. Y la Administración pública es justo el sector donde la diferencia es más extrema, por cada mayor de 50 años hay apenas 0,1 jóvenes. La ecuación no sale. Y por eso la solución pasa también por atraer talento, retenerlo y ofrecer carreras estables que hagan atractivo trabajar para el Estado en 2025… y en 2035.
Un futuro en juego: la Administración que heredaremos

Si algo deja claro este escenario es que España está en un momento bisagra. O se planifica bien el relevo, o la Administración llegará a la próxima década en clara desventaja. Pero también es cierto que nunca antes hubo una oportunidad tan grande para quienes buscan un empleo estable y con impacto real en la sociedad.
La clave estará en combinar experiencia y nuevas generaciones, en ordenar lo que viene y en construir una función pública capaz de sostener los próximos 20 años del país. Porque al final, detrás de cada trámite, cada servicio y cada decisión pública, hay personas. Y ahora toca decidir quiénes serán las que tomen el testigo.







