Las televisiones autonómicas nacieron con la misión de vertebrar cultural y lingüísticamente sus territorios, pero se han convertido en uno de los grandes sumideros del gasto público. Cada año, la ciudadanía española destina miles de millones de euros a mantener unos entes cuya audiencia media apenas supera el 5% en muchos casos.
El dilema, claro, es si es sostenible un modelo de servicio público que cuesta tanto para una penetración tan baja, o si estamos ante un caso de ineficiencia estructural cronificada.
LA FACTURA OCULTA DE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS: MÁS DE 1.300 MILLONES DE EUROS PARA EL 5% DE A AUDIENCIA
La magnitud del gasto es la cifra más hiriente del debate. La inversión agregada de las 13 corporaciones autonómicas que operan en España supera holgadamente los 1.300 millones de euros anuales procedentes de las arcas públicas, una cantidad que se repite año tras año y que tiene un impacto directo en los presupuestos regionales.
Este desembolso millonario no es marginal. Para contextualizar, este monto es superior al presupuesto total de instituciones esenciales como el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) o podría cubrir una parte significativa de los déficits sanitarios regionales. Sin embargo, el retorno en términos de consumo es mínimo.
Si el coste por espectador de las grandes cadenas nacionales se mide en céntimos, en las televisiones autonómicas esta cifra se dispara hasta cotas injustificables. El cálculo es cruel, porque al dividir el presupuesto anual por el número de espectadores reales que mantienen la fidelidad media a la cadena, se obtienen costes por hora de visualización que harían inviable cualquier empresa privada.
LA CUOTA DE PANTALLA DE LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS APENAS SUPERA EL 8%
Este gasto no se amortiza con ingresos publicitarios. La baja cuota de pantalla en televisiones autonómicas como las de Andalucía, y la concentración de la inversión publicitaria en las cadenas nacionales y plataformas de streaming obligan a las televisiones autonómicas a depender casi exclusivamente de las subvenciones directas. Esta dependencia las aleja de la lógica del mercado, permitiendo que la ineficiencia se perpetúe sin riesgo de quiebra.
La principal métrica que pone en entredicho el modelo es la audiencia. Pese a la multimillonaria inyección de capital, la cuota de pantalla agregada de todas las televisiones autonómicas (FORTA) no suele superar el 8%, y en muchos territorios individuales, la cifra cae por debajo del 5% o incluso el 3% en las franjas horarias más importantes.
ESTÁN OBLIGADAS CASI A DEPENDER EXCLUSIVAMENTE DE SUBVENCIONES PÚBLICAS
El panorama televisivo ha cambiado drásticamente. El auge de las plataformas de contenido bajo demanda (Netflix, HBO, Disney+), la consolidación de los grupos privados nacionales (Atresmedia y Mediaset) y la fragmentación de la información a través de internet han convertido a las televisiones autonómicas en un nicho de consumo cada vez más reducido.
Son cadenas de "servicio", que cumplen su cometido de informar localmente, pero que han fracasado estrepitosamente en su intento de retener al público joven o al público generalista fuera de eventos muy concretos (como los partidos de fútbol o las campanadas de fin de año).
La baja audiencia y la fuga de inversión hacia cadenas nacionales y plataformas obligan a las televisiones autonómicas a depender casi por completo de subvenciones
El público objetivo se ha envejecido, consolidando un patrón de consumo local que, si bien es fiel, es insuficiente para justificar la dimensión y el coste de las plantillas. La audiencia media por cadena rara vez supera los 150.000 espectadores en prime time en regiones importantes, como en Andalucía, un número minúsculo para un coste que se cuenta en centenas de millones.
EL LABERINTO DE LOS COSTES FIJOS Y LA CARGA DE PERSONAL
¿Por qué cuestan tanto si nadie las ve? La respuesta reside en la estructura heredada de estas corporaciones, que han operado durante décadas con la lógica del monopolio público. Una de las principales causas es el personal sobredimensionado. Porque las plantillas de las autonómicas a menudo duplican o triplican las de cadenas privadas de audiencia similar, arrastrando convenios laborales antiguos y una alta tasa de personal fijo que dificulta cualquier reestructuración.
La necesidad de cubrir informativos y programas en diferentes sedes y lenguas incrementa la necesidad de personal, si bien la gestión ha sido históricamente poco eficiente. A esto se suma el problema de las infraestructuras obsoletas. Muchas cadenas mantienen complejos de producción masivos, con estudios y equipos técnicos sobredimensionados, diseñados en una era anterior a la externalización de servicios y la revolución digital.
Mantener estas infraestructuras y modernizarlas supone un gasto constante que devora gran parte del presupuesto. Finalmente, está el coste de la ficción y el doblaje. La obligación de fomentar la cultura y las lenguas propias lleva a estas televisiones a invertir en producciones de ficción regional (series, películas) y en servicios de doblaje. Aunque es una función loable de servicio público, estas producciones suelen ser significativamente más caras que la compra de contenidos en el mercado global, elevando el gasto sin garantizar una audiencia que compense la inversión.
LAS TELEVISIONES AUTONÓMICAS, UN OBJETO DE INSTRUMENTALIZACIÓN POLÍTICA
Aunque la ley establece que deben ser servicios de utilidad pública, la realidad política es ineludible. Las televisiones autonómicas se han debatido históricamente entre la necesidad de ser informativas y la tentación de ser un instrumento de propaganda del gobierno regional de turno.
El precio de la propaganda es desorbitado. El verdadero coste de estas televisiones no se halla solo en el presupuesto, sino en su uso como herramienta de control. Los gobiernos de turno utilizan esta financiación pública para mantener un altavoz informativo subvencionado, donde los cambios políticos suelen implicar purgas en la cúpula directiva. Este sesgo informativo ahuyenta a la audiencia que busca pluralidad y, a largo plazo, erosiona la credibilidad de los medios.
La única salida viable parece ser una reforma estructural profunda que pase por la externalización masiva de servicios, la reducción drástica de plantillas (posiblemente a través de prejubilaciones incentivadas) y una redefinición total de su misión. Deberían centrarse en la producción de informativos locales de alta calidad y contenido cultural único, desmantelando las costosas estructuras generalistas que intentan, sin éxito, competir con las grandes cadenas comerciales.
