La decisión de preparar un nuevo decreto de las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) por parte del Gobierno de España ha provocado que la Asociación Española de Consumidores (ASECON) se pronuncie en contra de las novedades en términos de regulación, al considerar que restringen «aún más» la movilidad de los conductores y de los vehículos en las ciudades.
La restricción de movilidad en las distintas urbes país ha sido un tema de debate desde que estas ZBE entraran en vigor a través de una ley aplicada en enero del año 2023 en las ciudades de más de 50.000 habitantes. Desde entonces, y pese a cierta oposición social, el Ministerio de Transición Ecológica continúa dando pasos adelante para acabar de dar forma la normativa.
En este diario hemos podido hablar con presidente de la Asociación Española de Consumidores, Miguel Ángel Ruiz, quien afirma que esperan a conocer la letra de la norma para pedir las modificaciones necesarias. «Se ha empezado la casa por el tejado. Primero hay que desarrollar una red de transporte público para que, desde muchas zonas de España, como Almería, Extremadura, Galicia y otras regiones, podamos desplazarnos de forma eficiente y no perdiendo muchas horas para llegar a nuestro trabajo, como hacen en Bélgica o Países Bajos», explica.
La ASECON considera que la nueva ley invadiría las competencias municipales y, además, impondría en el caso de las multas a vehículos con un solo ocupante un claro perjuicio para los ciudadanos que verían incluso su intimidad comprometida, aunque están de acuerdo con que haya Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) «de una forma razonable».
Dicen que las nuevas medidas harían que existiera una brecha importante en materia de movilidad con ciudadanos «de primera, de segunda y de tercera» debido a que nos encontramos en un contexto complicado económicamente para los consumidores que cuentan con un parque de vehículos antiguo. Asimismo, la dispersión de criterios en las ciudades provoca cierto desconcierto y, por tanto, que los conductores estén más pendientes de las limitaciones que de la propia circulación, lo que provoca situaciones de peligro.
Las nuevas medidas harían que existiera una brecha importante en materia de movilidad con ciudadanos «de primera, de segunda y de tercera»
Asociación Española de Consumidores
Esperemos no tener que llegar a los tribunales, porque hay sentencias que han rechazado este tipo de injerencias en las competencias municipales y que coartan los derechos de los ciudadanos», sentencia Miguel Ángel Ruiz, que piensa que se legisla pensando únicamente en las grandes ciudades, sin tener en cuenta los problemas de ciudadanos de lugares sin suficientes opciones de transporte público.
En qué consiste la nueva ley de las ZBE
La propuesta de modificación de la ley se mantiene en estos momentos en fase de borrador, trabajando en él los departamentos de la vicepresidenta tercera, Sara Aagesen, y del ministro Fernando Grande-Marlaska. Este introduce modificaciones en dos artículos del real decreto anterior, que fue aprobado por el Gobierno en diciembre de 2022.
Actualmente, las ZBE están definidas por el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico como «el ámbito delimitado por una Administración pública, en ejercicio de sus competencias, dentro de su territorio, de carácter continuo, y en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero, conforme a la clasificación de los vehículos por su nivel de emisiones de acuerdo con lo establecido en el Reglamento General de Vehículos vigente».
Ahora se redacta con el objetivo de que los ayuntamientos se ciñan estrictamente a lo propuesto, ya que algunos, generalmente aquellos gobernados por Partido Popular y Vox, aprovechaban la laxitud de la norma. Disponen de libertad para elegir el modelo de ZBE (si es más pequeña es más restrictiva; si es más grande otorga más manga ancha) con el único requisito de que la prohibición fuera lo suficientemente eficaz para reducir la contaminación del aire, el nivel del ruido y los gases emitidos.
Los ayuntamientos tendrán menos manga ancha y estarán obligados a especificar el sistema activo de control de accesos
Ahora los consistorios tendrán que publicar las restricciones o prohibiciones de acceso, estacionamiento y circulación de vehículos «según el potencial contaminante de los mismos». Además, estarán obligados a especificar el sistema activo de control de accesos, monitorización y seguimiento para identificar los vehículos que circulen por las zonas restringidas.
Los criterios para restringir el acceso no estarán únicamente basados en las etiquetas medioambientales de la DGT. Si bien los modelos sin etiqueta directamente no pueden circular y en algunos casos tampoco los de etiquetas B y C (con las ECO y las Cero con vía libre), los mandatarios municipales podrán prohibir según sistemas de asistencia a la conducción y podrán impedir el paso a coches con un solo ocupante, como ocurre en los carriles BUS-VAO.
De igual manera, lanzar una advertencia a los conductores sin sancionarlos no será válido. Ahora se pide que las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE) cuenten con un régimen sancionador activo, sin ser válido un sistema transitorio de avisos que se haya contemplado de manera previa.
