La batalla entre los taxistas y las plataformas de VTC como Uber, Cabify y Bolt sigue sumando capítulos a una historia que parece no tener fin. Aunque la CNMC ha archivado recientemente las denuncias del sector del taxi por supuesta fijación de precios, argumentando falta de pruebas y diferencias sustanciales entre los algoritmos de cada compañía, el conflicto está lejos de cerrarse. Mientras las VTC celebran un nuevo respaldo legal, los taxistas ya preparan recursos judiciales en un intento por frenar lo que consideran una amenaza directa a su supervivencia.
En este contexto de creciente tensión entre ambos modelos de negocios y tras años de ambigüedad regulatoria, algunos gobiernos autonómicos han empezado a mover ficha y ha abierto la puerta a que los ayuntamientos asuman más competencias para controlar las tarifas y condiciones de estos servicios. La medida busca dotar a los municipios de herramientas legales para equilibrar la competencia en el transporte urbano, en un escenario donde la «fiesta» de precios dinámicos y licencias masivas podría estar llegando a su fin.
De esta manera, España ha dado un paso decisivo en la regulación del transporte urbano con conductor al otorgar nuevas competencias a los ayuntamientos. Ahora los municipios podrán controlar más de cerca la actividad de las plataformas como Uber y Cabify, marcando un mayor control en el encarecimiento progresivo de estos servicios.
Hasta ahora, la regulación se mantenía en un terreno difuso, donde las tarifas podían dispararse (en cualquier momento del día e incluso con los cambios climáticos) sin demasiada supervisión local, generando una sensación de desprotección tanto entre los usuarios como en el sector del taxi tradicional. Ahora los Ayuntamientos pueden fijar límites horarios, zonas de operación e incluso establecer condiciones económicas, lo que abre la puerta a una intervención directa en la política de precios de estas plataformas.
En la práctica, se trata de una práctica que pretende evitar lo que muchos ya calificaban como una «fiesta» tarifaria sin freno. Con el respaldo del Ministerio de Transportes, la medida busca restablecer el equilibrio en la movilidad urbana, otorgando mayor margen de maniobra a las administraciones locales para responder a las particularidades de cada ciudad.
Murcia toma la delantera en el control de las VTC y otorga a los ayuntamientos el poder de regular
El Consejo de Gobierno de la Región de Murcia ha aprobado un Decreto-ley que convierte a los ayuntamientos en piezas clave para ordenar la actividad urbana de las VTC. Con esta norma, los ayuntamientos podrán limitar el número de licencias, establecer franjas horarias de operación, definir zonas de circulación y aplicar restricciones a la captación de clientes en la vía pública, todas y cada una de estas medidas aparecen en un momento en el que los conflictos entre ambos modelos de negocios se encontraban fuera de control.
La medida se acompaña de una moratoria de dos años en la concesión de nuevas autorizaciones, lo que brinda tiempo a los municipios para diseñar y aprobar sus propias ordenanzas antes de retomar la expansión del sector, por lo que se espera que este tipo de medidas siga expandiéndose por toda la región. Este nuevo marco responde a una necesidad urgente de regulación que el sector del taxi venía reclamando desde hace años.
La ausencia de normas claras y de herramientas sancionadoras ha permitido el crecimiento descontrolado de las plataformas VTC, generando tensiones con el taxi tradicional. Con 248 licencias VTC frente a 755 taxis en la región, el equilibrio se resquebraja, y el riesgo de colapso en la convivencia entre ambos modelos de transporte era cada vez más evidente. Ahora, con esta reforma, Murcia se convierte en una de las primeras comunidades en dar respuesta efectiva a ese desafío y se espera que esta medida sirva de ejemplo para otras regiones.
Los municipios ganan competencias para regular horarios, zonas y tarifas de las VTC
Al reforzar el papel de los ayuntamientos en la regulación del transporte urbano mediante una reforma normativa que les otorga mayores competencias sobre los vehículos de transporte con conductor (VTC), como Uber y Cabify, se espera que los conflictos entre ambos sectores se disipen y luego que los usuarios no tengan que vivir la «fiesta» de precios.
Ahora los ayuntamientos podrán fijar límites más precisos como los horarios de operación, las zonas de recogida y los precios, con el objetivo de garantizar una convivencia más equilibrada entre el sector del taxi y las plataformas digitales. Hay que recordar que los más afectados por este conflicto siempre son los usuarios, quienes tienen que vivir los incrementos de precios en un solo día.
Con esta iniciativa, los municipios podrán actuar con mayor agilidad frente a prácticas que, hasta ahora, escapaban a su control directo, como el descontrol de precios en las horas estratégicas del día. Se abre así la puerta a una regulación más adaptada a las realidades locales, donde el aumento de los precios, la concentración del servicio en zonas turísticas y la falta de supervisión habían generado malestar entre usuarios y taxistas.
El Ministerio de Transportes impulsa un marco normativo más estricto para frenar los abusos de Cabify y Uber
El Ministerio de Transportes ha movido sus fichas ante el creciente malestar por las tarifas dinámicas aplicadas por las plataformas VTC, que se venían desarrollando en las grandes ciudades, y hoy día ya ha alcanzado varias regiones del país. Con la nueva legislación, se pretende cerrar la brecha regulatoria que ha permitido a estas empresas operar con márgenes amplios y sin apenas restricciones.
La medida adoptada recientemente en la Región de Murcia, establecee límites al precio, especialmente en momentos de alta demanda, con el fin de proteger al consumidor (siempre los más afectados en este tipo de conflictos) frente a subidas desproporcionadas. Además, el nuevo marco legal refuerza las obligaciones de transparencia para las plataformas, que deberán facilitar a las administraciones datos sobre sus operaciones, flotas y precios.
El objetivo es claro: evitar que el algoritmo de precios se convierta en un instrumento de especulación. Desde el Ministerio insisten en que «no se trata de frenar la innovación, sino de garantizar que los servicios de movilidad compartida operen dentro de unas reglas claras y justas».
El sector del taxi celebra la medida mientras las plataformas piden “seguridad jurídica”
Las asociaciones del taxi (de momento en la Región de Murcia) han acogido con satisfacción las nuevas medidas del Gobierno autonómico, que consideran un paso decisivo para equilibrar la competencia y acabar con lo que califican como «desregulación encubierta» del transporte urbano.
Los representantes del sector ven en la nueva normativa una respuesta a años de movilizaciones y denuncias por el impacto negativo que la expansión de las VTC ha tenido sobre su actividad y condiciones laborales. Por su parte, las plataformas como Uber y Cabify han expresado su preocupación por lo que consideran un riesgo y una «falta de seguridad jurídica».
Alegan que una regulación excesivamente localista podría dificultar su operativa y limitar su capacidad de ofrecer un servicio flexible, (nuevamente los usuarios salen afectados). Desde el sector tecnológico insisten en la necesidad de mantener un entorno regulatorio coherente a nivel nacional para no frenar la innovación ni perjudicar a los usuarios que han optado por estas alternativas de movilidad.
