El Ingreso Mínimo Vital (IMV) nació con la promesa de ser un salvavidas para los más vulnerables o por lo menos así los vendieron y muchas familias creyeron en esta historia y se arriesgaron y hoy día viven las consecuencias. Y es que para miles de familias, esta prestación ha terminado siendo una trampa económica. La Seguridad Social ha reclamado ya 500 millones de euros en supuestos cobros indebidos, (sí, como se lee, los papeles parecen invertidos en la realidad), muchos derivados de errores administrativos o desajustes en los cruces de datos con Hacienda.
Lo que en principio era una ayuda se ha transformado en una fuente de angustia para quienes viven al límite de la pobreza. El impacto de estas devoluciones no es solo económico, sino psicológico. Familias enteras que confiaban en el IMV para cubrir sus necesidades básicas han recibido notificaciones exigiéndoles la devolución de cantidades que llegan a los 12.000 o incluso 20.000 euros, el impacto psicológico de este tipo de notificaciones y para una familia que apenas llega a fin de mes, es brutal.
El desconcierto y el miedo son comunes, especialmente entre personas que afirman haber cumplido todas las condiciones y notificado cada cambio. El Defensor del Pueblo ha pedido reformas urgentes para que la burocracia no condene a los más pobres.
Ingreso Mínimo Vital: Deudas impagables y vidas arruinadas
Son los números los casos que se han hecho públicos, donde familias enteras se han visto “obligadas” a devolver hasta 12.000 euros, casos como estos evidencian el caos del sistema. A pesar incluso, de que muchas de estas familias ya habían informado sobre sus circunstancias laborales, la Administración les considera beneficiarios de un cobro indebido.
Estas situaciones son frecuentes y revelan un problema estructural, muchos de los llamados “pagos indebidos” no provienen de fraudes, sino de fallos de cálculo de la propia Seguridad Social, lo que evidencia el caos que existe en la institución. El Real Decreto-ley 20/2022 permite perdonar pequeñas deudas (¿qué monto es considerado una pequeña deuda?) si hay menores a cargo, pero no es suficiente para paliar el daño causado.
Son varias ONGs que han dado a los que no pueden expresarse, como ATD Cuarto Mundo y la Fundación Madrina denuncian que más de 150.000 familias podrían estar atrapadas en este círculo de deuda. Las cifras son alarmantes y las consecuencias, devastadoras: embargos, cuentas bloqueadas, y una sensación generalizada de injusticia. Lejos de aliviar la pobreza, el IMV se convierte en una losa que hunde aún más a quienes trata de rescatar.
Una burocracia desconectada de la realidad
El modelo de cálculo del IMV, basado en los ingresos del año anterior, es impreciso y genera múltiples reajustes, aunque el organismo no termine de aceptar esta realidad. Cuando llega el requerimiento de devolución, las familias ya han utilizado esa ayuda para sobrevivir (después de todo este dinero fue solicitado para ese fin, “sobrevivir”) . Así, una ayuda temporal termina generando una deuda permanente. A ello se suma la rigidez de una administración que tarda meses en actualizar datos o responder reclamaciones, incluso cuando se trata de menores o situaciones urgentes.
Son innumerables las historias de familias afectadas, madres con más de cinco hijos a cargo (familias numerosas) o casos incluso de miembros de familias que han sufrido ataques de ansiedad al recibir la notificación de reclamación por más de 12.000 euros, reflejan el lado más crudo de esta política social. Las decisiones administrativas se imponen con escasa empatía (e incluso sin ella) y sin tener en cuenta la buena fe de los beneficiarios. La descoordinación entre organismos agrava la situación y deja a los afectados sin una vía clara de defensa.
Errores administrativos con consecuencias humanas
Muchos de los errores detectados en las solicitudes del IMV, que terminan en reclamaciones se deben a fallos en el padrón, retrasos en actualizaciones o malinterpretaciones sobre la unidad de convivencia, esta negativa lo que hace es desanimar la continuación de la solicitud porque la documentación que solicitan para demostrar esta irregularidad puede llegar a ser infinita. Y es que el sistema no distingue entre convivencia real y formal, lo que deriva en decisiones que perjudican a quienes más lo necesitan.
Muchos son los casos en los que el sistema ha negado la ayuda por confusiones en el padrón, madres divorciadas que por aparecer “erróneamente” la expareja en el mismo padrón, ya supone una negativa por parte de Hacienda a la solicitud. A pesar de que él ya no vive allí ni colabora en los gastos, sus ingresos computan como si convivieran. Este tipo de situaciones demuestran cómo los criterios actuales penalizan a las familias por circunstancias fuera de su control y ponen en evidencia la urgencia de una reforma.
El llamado a una reforma legal urgente
La Fundación Madrina ha sido una de las voces más firmes en la denuncia de esta problemática. Su presidente, Conrado Giménez, ha señalado que el IMV, en lugar de combatir la pobreza, está generando más exclusión y endeudamiento. Para resolverlo, proponen la condonación de deudas en los casos donde se demuestre buena fe, así como una reforma del artículo 55 de la Ley General de Seguridad Social para evitar que errores administrativos terminen arruinando a familias vulnerables.
Esta reforma legal permitiría blindar a los beneficiarios de buena fe frente a reclamaciones desproporcionadas, o por lo menos ese debería ser uno de sus principales objetivos. Además, se exige claridad en los procedimientos, plazos razonables de respuesta, y canales accesibles de información y defensa. Sin estos cambios, el IMV corre el riesgo de convertirse en un símbolo de frustración más que en una herramienta de inclusión.
¿Qué pueden hacer las familias afectadas?
Frente a este panorama, es fundamental que los afectados conozcan sus derechos y actúen rápidamente, que es lo que está generando tanta “ansiedad” en muchas familias, esa sensación de desamparo que genera la reclamación de Hacienda. El primer paso es revisar toda la documentación enviada por la Seguridad Social y comprobar si existen errores de cálculo o interpretación.
En muchos casos, es posible presentar alegaciones o recurrir a la vía administrativa, y si es necesario, acudir a organizaciones como Cuarto Mundo o Fundación Madrina para obtener asesoramiento, porque la ayuda extra nunca se puede negar y si es de especialistas en el tema, muchos mejor. También se recomienda mantener actualizados todos los datos del hogar, notificar cualquier cambio de situación familiar o de ingresos, y conservar copias de cada comunicación con la administración.
Aunque el proceso pueda parecer complejo, es posible revertir algunas decisiones (parece increíble, pero se puede lograr con la asesoría correcta) si se demuestra que no hubo mala fe ni ocultación de información. Pero, sobre todo, es urgente que desde el Gobierno se reconozca que el problema no está en las familias, sino en un sistema que necesita humanizarse.
