A partir del 1 de enero de 2026, Hacienda ampliará su radio de control sobre todas las operaciones económicas que se realicen a través de medios electrónicos. Los bancos deberán remitir mensualmente a la Agencia Tributaria la información detallada de cada transferencia realizada por autónomos y empresas, sin importar el importe ni la frecuencia.
Estos cambios en la norma, (enmarcado en el Real Decreto 253/2025), se han realizado con el objetivo de reforzar la lucha contra el fraude fiscal y estrechar el cerco sobre ingresos no declarados, ambas prácticas se hacen cada vez más comunes y difíciles de detectar por Hacienda, en un contexto donde Bizum y las tarjetas se han convertido en herramientas habituales para cobrar y pagar, sobre todo para el sector de los autónomos.
Tanto las plataformas de pago instantáneo como las tarjetas de débito, crédito, prepago o virtuales quedarán incluidas en esta nueva fiscalización. Las entidades financieras deberán informar anualmente sobre todos los movimientos vinculados a cada tarjeta cuyo volumen anual supere los 25.000 euros. En paralelo, cualquier transferencia superior a 10.000 euros en cuentas particulares podrá ser objeto de revisión, incluso si responde a operaciones entre familiares o amigos.
Hacienda, en definitiva, dibujará un mapa cada vez más preciso de la vida financiera de ciudadanos y profesionales, obligando a separar con claridad los cobros personales de los profesionales para evitar sanciones y requerimientos.
Control sin excepciones: Hacienda recibirá todos los movimientos mensuales, sin importar el importe ni el emisor
A partir de enero de 2026, la Agencia Tributaria establecerá un control exhaustivo (mucho más aún) sobre todas las operaciones realizadas a través de Bizum y tarjetas bancarias, eliminando cualquier umbral mínimo que antes permitía cierta discreción en los movimientos económicos.
Los bancos estarán obligados a informar mensualmente a Hacienda sobre cada transferencia, pago o ingreso, sin importar el importe ni si se trata de empresas, autónomos o particulares. Esta medida busca ampliar el alcance del control fiscal y combatir el fraude de forma más eficiente (que además, según los últimos datos revelados por las autoridades, se ha incrementado en los últimos años), adaptándose al creciente uso de los pagos electrónicos.
Esta vigilancia sin excepciones (muchos esperan que realmente no se hagan excepciones) supone un cambio radical en la gestión tributaria, pues implica que incluso las operaciones de pequeña cuantía serán analizadas. Con más de 58 millones de transacciones Bizum solo en 2024, el volumen de datos que recibirá Hacienda será enorme, (lo que se traduce en un incremento en la carga de trabajo de estos funcionarios) y con ello, la capacidad para detectar movimientos irregulares o ingresos no declarados se incrementará notablemente.
La obligatoriedad de remitir esta información facilitará la transparencia, o por lo menos es lo que esperan las autoridades de Hacienda, pero también exigirá un mayor rigor en la gestión de las finanzas personales y profesionales.
Adiós al anonimato fiscal: tarjetas y Bizum deberán identificar a cada usuario y detallar cada operación
Los cambios introducidos en la nueva normativa obligarán a las entidades financieras no solo a reportar las operaciones, sino también a incluir detalles clave como la identidad del emisor y receptor, la fecha y hora exacta de la transacción, el importe y el concepto asociado al pago (detalles importantes que para muchos llega a rozar la barrera de lo personal).
Esto significa que el anonimato en los pagos móviles y con tarjetas queda prácticamente eliminado (para los expertos este anonimato nunca existió), ya que Hacienda podrá cruzar esta información con otros datos fiscales para detectar cualquier incongruencia.
El objetivo es garantizar que cada euro transaccionado pueda ser rastreado y justificado ante la Administración. Este nivel de detalle plantea un reto importante para usuarios y empresas, quienes deberán prestar especial atención al origen y destino de sus fondos. No será suficiente con declarar ingresos y gastos de manera general; será imprescindible que cada operación esté correctamente documentada y respaldada.
En consecuencia, la transparencia en las transacciones se convertirá en un requisito ineludible para evitar problemas con Hacienda, que contará con un mapa detallado de la vida financiera de cada contribuyente.
Autónomos y particulares bajo presión: errores, mezclas de cuentas y omisiones podrán derivar en sanciones graves
Los autónomos (sin lugar a dudas uno de los sectores más afectados) y particulares enfrentan un escenario especialmente complejo con este cambio en la normativa, ya que la nueva legislación no distingue entre grandes y pequeños contribuyentes. La mezcla de movimientos personales y profesionales en una misma cuenta bancaria, por ejemplo, complicará la conciliación de ingresos con la facturación oficial, aumentando el riesgo de errores que pueden ser interpretados como indicios de fraude.
Hacienda podría iniciar inspecciones, solicitar justificantes (tal y como ha hecho siempre) y, en caso de detectar discrepancias relevantes, imponer sanciones que van desde el 50 % hasta el 150 % de la cuota defraudada. Para evitar estas consecuencias, será imprescindible separar cuentas y mantener un control exhaustivo de las operaciones financieras y en el peor de los casos, buscar asesoría especializada.
La falta de preparación o la omisión de declarar movimientos pueden traducirse en multas, recargos y un proceso administrativo complejo. Por ello, anticiparse a estos cambios (por aquello de que es mejor prevenir que lamentar) mediante la organización adecuada y la asesoría fiscal se convierte en la mejor estrategia para protegerse y cumplir con las nuevas exigencias sin sorpresas desagradables.
