A pesar del compromiso público adquirido por Glovo de dejar atrás el modelo de falsos autónomos (y no por iniciativa propia), la empresa solo ha contratado directamente al 16% de sus repartidores. La promesa del CEO Òscar Pierre, de tener a todos los riders como asalariados para el 1 de julio de 2025, parece alejarse de la realidad. En lugar de asumir a toda la plantilla, Glovo ha recurrido a subcontratar flotas externas, una maniobra que le permite mantener el control sobre el servicio sin asumir las responsabilidades laborales directas, que es justamente lo que se ha prohibido y la razón de la lucha de estos trabajadores.
Esta estrategia permite a Glovo flexibilizar su plantilla (el objetivo que siempre ha perseguido la empresa y por lo que tanto han luchado los riders), reducir el riesgo de conflictos laborales y eludir indemnizaciones. Aunque aparentemente los repartidores pasan a ser empleados con contrato, en la práctica muchos continúan operando bajo las directrices y herramientas de Glovo, pero a través de terceros (una estrategia ampliamente utilizada en el mundo empresarial). Esta ambigüedad legal ha encendido las alarmas en los sindicatos y ha reavivado el debate sobre la verdadera intención de la empresa.
Fliits, la flota creada por exdirectivos de Glovo

Uno de los casos más llamativos es el de Fliits, una empresa que ha ganado peso en el sector de las flotas subcontratadas (un fenómeno que se ha intentado erradicar en muchos países, pero que en España parece florecer). Creada bajo el nombre mercantil de Jarvis24 apenas una semana después del anuncio de Pierre, Fliits está liderada por tres exdirectivos de Glovo que suman más de 15 años de experiencia dentro de la compañía. Actualmente, emplea a unos 1.500 repartidores con contrato laboral.
Desde la dirección de Fliits argumentan que se trata de un nuevo proyecto emprendedor surgido tras su salida de Glovo. Sin embargo, los vínculos con la empresa matriz son difíciles de ignorar, ya que no solo se repite el equipo humano, sino que parte del manual interno y la operativa remiten directamente a Glovo (para los expertos se trata de una estrategia de Glovo para evadir su responsabilidad). Esto ha generado sospechas de que la compañía simplemente ha creado una estructura paralela para esquivar la contratación directa.
Las acusaciones de cesión ilegal de trabajadores

Comisiones Obreras ha presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo, al considerar que Glovo estaría incurriendo en una cesión ilegal de trabajadores, una práctica prohibida por el artículo 43 del Estatuto de los Trabajadores. En este modelo, aunque los repartidores figuran como empleados de una flota externa, son en realidad gestionados, coordinados y pagados bajo las condiciones impuestas por Glovo.
Documentación interna de Fliits, refuerza estas sospechas, los repartidores usan la aplicación de Glovo con cuentas de empresa, reciben instrucciones sobre cómo manejar la app y se les indica que los pagos provienen de la multinacional catalana, incluso incluyendo su CIF. Especialistas en Derecho Laboral consideran que esto demuestra una relación directa entre Glovo y los trabajadores (aunque la empresa de reparto siempre ha querido eliminar esta relación), encubierta tras una falsa autonomía empresarial.
Glovo: Un modelo que se expande rápidamente

Desde que Glovo anunció el fin de los falsos autónomos, las flotas subcontratadas han proliferado (un hecho que ya se veía venir, incluso sin haberse realizado el anuncio oficial). Algunas ya operaban antes, como Aravinc o Closer Logistics, y han ampliado su volumen de negocio. Otras, como Fliits, han surgido recientemente al detectar una oportunidad clara: llenar el vacío que Glovo deja al no asumir directamente a todos sus riders. A medida que se acerca el 1 de julio, estas empresas ganan protagonismo.
Incluso hay testimonios que apuntan a que Glovo incentivó la creación de nuevas flotas por parte de antiguos repartidores o colaboradores. Según Javier Pérez, portavoz de la CGT, muchos trabajadores fueron animados a montar sus propias sociedades limitadas para seguir operando dentro del ecosistema Glovo. Este fenómeno refuerza la idea de que la empresa busca mantener su red de repartidores sin asumir la totalidad del coste laboral y fiscal.
El papel de los convenios y los límites del nuevo modelo

Aunque Glovo ha comenzado a contratar directamente a parte de su plantilla, las condiciones laborales siguen sin mejorar de forma significativa. La mayoría de los repartidores se rigen por el Convenio de Mensajería de 2006, que está desfasado y contempla que el trabajador debe aportar su propio vehículo y asumir las reparaciones. Esto limita el atractivo de ser asalariado bajo estas condiciones.
Desde Glovo se han intentado abrir negociaciones para establecer un convenio propio que actualice las condiciones salariales y laborales, pero no se ha alcanzado ningún acuerdo (pero por lo menos se ha visto interés; sin embargo, la realidad siempre termina mostrándonos el verdadero rostro de las personas). De esta manera, aunque la compañía se ajuste formalmente a la legalidad, en la práctica mantiene condiciones similares a las de los antiguos autónomos, con pocas garantías para los trabajadores. Esta ambigüedad ha sido criticada tanto por sindicatos como por expertos en derecho laboral.
El escepticismo de los sindicatos

Las principales organizaciones sindicales, como CCOO y UGT, han recibido con escepticismo el anuncio de Glovo (sin embargo, la realidad del día a día nos demuestre otra cosa). Aunque reconocen que el paso hacia la contratación es positivo en teoría, advierten que aún hay muchas dudas sobre su implementación real. Denuncian que Glovo sigue sin asumir plenamente sus responsabilidades como empleador, delegando tareas críticas en terceros.
Los sindicatos ya han anunciado que vigilarán de cerca los movimientos de la compañía y no descartan emprender acciones legales si detectan incumplimientos (por lo que pueda pasar después de hoy es un interés común). Mientras tanto, la situación laboral de los riders continúa en una zona gris, con promesas que todavía no se materializan por completo. Para muchos trabajadores, el cambio de estatus no ha supuesto una mejora tangible en sus derechos ni en su estabilidad.