DES – Digital Enterprise Show 2025, el mayor evento en Europa sobre tecnologías exponenciales e IA, cerró ayer jueves sus puertas en Málaga. El encuentro ha citado a 17.639 directivos procedentes de 36 países que, durante sus tres jornadas, han conocido las últimas soluciones digitales del mercado para impulsar la competitividad de empresas y administraciones públicas.
Con la celebración de DES – Digital Enterprise Show 2025, se ha generado un impacto económico de más de 30 millones de euros para la capital de la Costa del Sol, al mismo tiempo que se ha afianzado como punto de encuentro global donde descubrir los avances y macrotendencias tecnológicas que marcarán los próximos años. Muestra de ello han sido los planteamientos compartidos por los 612 expertos que se han reunido en el Digital Business World Congress, el mayor foro de digitalización a nivel comunitario que tiene lugar en el marco de DES; y las 681 innovaciones digitales que han expuesto 408 firmas.
Durante el acto de clausura, Francisco de la Torre, alcalde de Málaga, ha puesto en valor la colaboración público-privada para desarrollar DES en la ciudad, ya que “foros como este es donde nos ponen en el mapa y nos ayudan a tejer alianzas entre mercados como el europeo con Asia o Estados Unidos, con una competitividad sana en materia tecnológica”. En la misma línea se ha dirigido Antonio García, delegado territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos, Industria, Energía y Minas de la Junta de Andalucía en Málaga, quien ha agradecido a DES2025 su papel para “descubrir la innovación más puntera, adelantar las tendencias tecnológicas y mostrar las iniciativas digitales que servirán para mejorar los sectores a corto plazo”.
A su vez, Sagrario Molina, diputada de Desarrollo Tecnológico de la Diputación Provincial de Málaga, ha aprovechado para reclamar que se siga apostando por la ciudad “como sede de eventos internacionales en los que estimula la industria y momentos tecnológicos.”
La última jornada de DES2025 ha tenido como protagonista la digitalización de las administraciones públicas. Un proceso no exento de retos, y también prioridades, para el despliegue de la IA en España teniendo en cuenta el actual contexto regulatorio europeo. Durante su intervención Aleida Alcaide, directora general de IA del Ministerio de Transformación Digital y de la Función Pública, ha abordado cómo el anteproyecto de ley nacional busca adaptar y aplicar de forma homogénea el Reglamento Europeo de IA, con un enfoque centrado en la prevención, la transparencia y el acompañamiento a empresas y ciudadanos.
“Queremos generar certidumbre jurídica para que la IA se implemente sin miedo”, ha afirmado Alcaide, a la vez que ha insistido en que el foco debe estar en prevenir y simplificar antes que en sancionar, porque “la regulación puede parecer compleja, por eso nuestro objetivo es acompañar y explicar”. En este sentido, ha destacado el rol de la Agencia Española de Supervisión de Inteligencia Artificial (ASESIA) para anticiparse a errores en la aplicación y construir una cultura de supervisión preventiva.
No obstante, la transformación digital de las administraciones públicas no puede medirse solo en términos tecnológicos. Así lo han planteado diferentes expertos que han debatido sobre gobernanza del dato e IA. Al respecto, Mar Fernández, CIO del CSIC, ha resaltado que “la confianza del ciudadano es fundamental; hay que explicar qué datos se usan y cómo se aplica la IA”. Por su parte, Carlos Alonso, Director de la División Oficina del dato del Ministerio para la Transformación Digital, ha afirmado que “la calidad no viene por azar, sino de cómo se recopila y gobierna la información”, mientras que Fernando Álvarez, Subdirector General Transformación Digital de la Oficina Digital del Ayuntamiento de Madrid, ha defendido que “el dato público es de la sociedad y debe publicarse siempre que sea seguro hacerlo”.
En cuanto a cifras, Josetxo Soria, analista senior de Asuntos de Gobierno y Políticas Públicas de Google, ha señalado que “una adopción generalizada de la IA en el sector público podría mejorar un 9 % la rentabilidad, pero para eso es clave formar a un millón de personas antes de 2027”. Sin embargo, Manuel Gutiérrez, Senior Digital Ecosystems Manager de Gaia-X, también ha querido recordar que “la economía del dato exige un clima de confianza; no se trata de repartir la tarta, sino de hacer el pastel más grande compartiendo los datos”.
Dentro del escenario actual, la computación cuántica comienza a abrirse paso en los organismos públicos como una herramienta con gran potencial para mejorar la gestión de recursos, garantizar la soberanía digital y reforzar la seguridad en la custodia de contenidos. Los especialistas en DES2025 han apuntado, respecto a esta materia, que la colaboración público-privada será clave para aprovechar esta herramienta en ámbitos como la justicia, la ciberseguridad o la planificación urbana. Para Andrés Gómez, Administrador de aplicaciones y proyectos de Galicia Supercomputing Center, “la administración debe explorar qué problemas tiene y si la computación cuántica puede ser la solución para problemáticas como los fraudes o la planificación del tráfico”.
Desde la parte institucional, José Luis Bezares, subdirector general de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial, ha destacado que “nosotros entendemos que las tecnologías cuánticas y las sinergias que se puedan crear no son solo una cuestión del futuro, sino una oportunidad del mercado y una innovación comercial para hoy”. Bezares ha detallado que su organismo cuenta con una estrategia y un fondo 800 millones de euros, de los que 400 millones son para IA y otros 400 para tecnología cuántica, con el objetivo de impulsar el ecosistema y los casos de uso para las pymes. Desde el ámbito judicial, Javier Hernández, Subdirector General de Impulso e Innovación de Servicios Digitales del Ministerio de Justicia, ha defendido que su organismo “debe ser un polo de innovación para garantizar la seguridad de los datos” y ha subrayado que “la soberanía digital implica generar riqueza en el país, con infraestructuras que beneficien tanto al sector público como al privado”.
