Después de cinco años de su puesta en marcha, el Ingreso Mínimo Vital se ha consolidado como una de las principales herramientas del Gobierno para combatir la pobreza en España. En lugares como Andalucía, por ejemplo, desde su implantación en junio de 2020, esta prestación ha alcanzado a 957.032 personas, distribuidas en 314.046 hogares.
Casi la mitad de los beneficiarios son menores de edad, con un total de 405.952 niños, niñas y adolescentes, según los últimos datos correspondientes a la nómina de abril.
EL INGRESO MÍNIMO VITAL HA MEJORADO A 3 MILLONES DE PERSONAS, PERO NO LLEGA A TODOS LOS QUE LO NECESITAN
En el resto de España, este IMV habría llegado a más de un millón de hogares en el mes de marzo, el último mes que se tienen datos. «El IMV llega a más de un millón de hogares en marzo, en los que conviven más de 3 millones de personas», reza la última. Pero, aunque pueda parecerlo, eso no significa que todos esos hogares reciban, tal cual, la ayuda creada en 2020.
Y es que, para dar esa cifra total, esos más de 3 millones de personas, la Seguridad Social incluye no solo a quienes reciben esta ayuda, sino también a quienes no lo reciben, pero sí cobran el Complemento de Ayuda para la Infancia (CAPI), heredera de la antigua prestación por hijo a cargo, una ayuda mucho menor y con requisitos menos exigentes.
Desde la Seguridad Social argumentan que incluyen en las cifras el complemento porque esa ayuda es también IMV. Y dan varias razones: la primera, que está incluida dentro de la ley del IMV. Esa norma, y su decreto ley precedente, desarrolló el CAPI como nuevo sistema para sustituir a la antigua prestación por hijo a cargo.
SON MUCHOS LOS QUE SE HAN ENCONTRADO CON LENTITUD EN EL PROCEDIMIENTO Y TRABAS DE DIVERSA ÍNDOLE
Por lo tanto, desde su puesta en marcha hace ya cinco años, el Ingreso Mínimo Vital se indica que ha mejorado la situación de más de tres millones de personas, pero no ha llegado a todos los que lo necesitan. Por desconocimiento o por la dificultad de los trámites, cientos de familias se quedan sin la ayuda.
Pero, los que sí se benefician de la ayuda como Ainhoa, cobra 800 euros y, con un hijo menor de edad, pagaba el «alquiler, comida, servicios, no llegaba«, cuenta al diario QUÉ! Debido a esto, Ainhoa solicitó el IMV, de unos 500 euros de media por hogar, compatible con el empleo.
EL 43% DE LOS BENEFICIARIOS DEL IMV SON MENORES DE EDAD
Pese a ser considerada como una de las políticas sociales más relevantes implementadas en los últimos años, también se ha convertido en una «auténtica pesadilla» para muchos beneficiarios, ya que la Seguridad Social les reclama devolver la ayuda por “cobros indebidos”, lo cual ha empeorado su ya precaria situación económica. De hecho, esta institución ya ha reclamado deudas por valor de 500 millones de euros.
Tras recibir la prestación, numerosas familias se han visto sorprendidas por notificaciones que les exigen la devolución de cantidades cobradas presuntamente de manera indebida y en algunos casos, como ha publicado este medio [El Ingreso Mínimo Vital, de salvavidas a yugo para las familias vulnerables], las deudas se suelen situar entre los 7.000 y los 12.000 euros, aunque también hay otras que superan esos montos. Las reclamaciones suelen estar motivadas por errores administrativos, retrasos en la actualización de datos o cambios en la situación familiar o laboral que no siempre quedan reflejados de inmediato en los sistemas.
Durante sus cinco años de existencia, ha llegado a más de un millón de hogares y se han visto beneficiados más de tres millones de personas. A pesar de los beneficios, varias entidades sociales han denunciado lentitud en el procedimiento para acceder a él. Diego Gafo, trabajador social en Cáritas, afirma que las solicitudes se demoran durante «meses y meses de espera, seis o más hasta que resuelven».
El 43% de los beneficiarios son menores de edad, más de 1,3 millones. Por su parte, el Gobierno se ha comprometido a aumentar esta cifra. La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, afirma que el compromiso del Ejecutivo es «que en 2027 lleguemos a un 40% más de menores de edad en riesgo de exclusión».
