La conocida «técnica del ticket de la pizza» es un método que los okupas emplean para aparentar que ya residen en una vivienda antes de ocuparla realmente, es una técnica bastante conocida además y que lleva tiempo en el “mercado”. La estrategia consiste en pedir una pizza (u otro servicio a domicilio) utilizando la dirección del inmueble objetivo. El repartidor entrega el pedido en el portal o en la entrada, y los okupas se aseguran de recogerlo y conservar el ticket, que lleva la fecha, hora y dirección del domicilio.
Pasadas al menos 48 horas, los okupas acceden ilegalmente a la vivienda. Si la policía acude al lugar tras una denuncia del propietario o de un vecino, los okupas muestran el ticket como prueba de que «ya estaban» viviendo allí días antes. Esta supuesta prueba sirve para sembrar dudas sobre la naturaleza flagrante del delito, lo que impide un desalojo inmediato por parte de las autoridades y fuerza a que el caso se tramite por la vía judicial, y lo peor de todo es que una técnica que goza de validez legal.
¿Por qué el ticket de la pizza otorga «impunidad»?
El ticket de la pizza actúa como un justificante de permanencia previa en la vivienda, complicando la actuación policial, que de por si, ya es complicada cuando de okupas se trata, dada la complejidad legal del tema. La ley establece que solo se puede realizar un desalojo inmediato en caso de delito flagrante, es decir, cuando la okupación está ocurriendo en ese mismo momento (una situación que si puede ocurrir, pero es bastante difícil de detectar).
Si los agentes no pueden confirmar con certeza que el acceso ha sido reciente (que es lo que suele ocurrir con bastante frecuencia, gracias a esta técnica), deben abstenerse de intervenir directamente para evitar posibles denuncias por prevaricación o abuso de poder. Esto significa que, aunque los propietarios y los vecinos estén convencidos de que la ocupación es reciente, si los okupas enseñan un recibo con fecha anterior a la intervención policial, los agentes no tienen competencias para proceder. En consecuencia, el proceso se judicializa y puede prolongarse durante meses, lo que deja a los okupas instalados mientras se tramita el caso en los tribunales.
El origen y expansión de la técnica en España
Según expertos del sector inmobiliario, esta táctica no es nueva, ya tiene varios años en el “mercado”, sin embargo, la técnica todavía se sigue utilizando. Se detectó por primera vez en Cataluña alrededor del año 2018, coincidiendo con la entrada en vigor de la ley del desahucio exprés. A medida que las autoridades desarrollaban métodos para acelerar los desalojos, las mafias y grupos organizados comenzaron a idear estrategias como esta para obstaculizar la acción policial inmediata.
Con el tiempo, esta práctica se ha extendido a otras comunidades autónomas, como Madrid, Andalucía y las regiones del Levante. Hoy en día, no es extraño que se denuncien casos similares en distintas partes del país, lo que evidencia que las mafias de la okupación han perfeccionado sus métodos y han encontrado fórmulas legales para protegerse temporalmente de la actuación policial.
La lentitud de la justicia, una ventaja para los okupas
Una vez que la ocupación se convierte en un procedimiento judicial, los tiempos juegan a favor de los okupas, que al final es uno de los objetivos de los okupas, poder utilizar un inmueble por un tiempo determinado sin tener que pagar, para posteriormente ir en búsqueda de otro. Según datos del Consejo General del Poder Judicial, en 2021 los procesos judiciales para recuperar una vivienda ocupada de forma ilegal duraron una media de 18,1 meses. Esto incluye tanto los juicios en primera instancia como las apelaciones en audiencias provinciales.
Durante este largo proceso, los propietarios no pueden recuperar su vivienda, lo que representa un perjuicio económico y emocional considerable, además en muchos casos son familias enteras que podrían llegar a quedarse en la calle por este fenómeno de la okupación. Mientras tanto, los okupas no solo se benefician de la morosidad judicial, sino que en algunos casos incluso “exigen dinero a cambio de abandonar el inmueble”, aprovechándose del temor y la desesperación de los dueños legítimos.
¿Qué riesgos enfrentan los agentes de policía?
Los cuerpos policiales actúan con cautela en estos casos, ya que una intervención indebida puede tener consecuencias legales para ellos, de esta manera es bastante difícil que puedan evitar o en el peor de los casos, detener una okupación. Si los agentes proceden a desalojar sin pruebas claras de delito flagrante, pueden ser denunciados por los propios okupas, lo que podría derivar en sanciones disciplinarias o incluso la inhabilitación profesional.
Por eso, aunque los propietarios pidan auxilio inmediato, la policía muchas veces se ve atada de manos si los okupas presentan algún tipo de prueba (como el ticket de la pizza) que sugiera que ya residían allí. Esta situación deja un vacío legal en el que los delincuentes encuentran margen para actuar sin consecuencias inmediatas.
¿Qué pueden hacer los propietarios ante esta situación?
Ante la imposibilidad de actuar de forma directa, muchos propietarios optan por pagar a los okupas para que abandonen voluntariamente el inmueble, consideran este pago como un sacrificio que les permitirá recuperar el inmueble. Según fuentes del sector, la «tarifa media» que exigen los grupos de okupas ronda los 3.000 euros, aunque hay casos en los que la cifra puede alcanzar los 5.000. Esta práctica, aunque no legal ni recomendable, se ha convertido en una salida desesperada para evitar procesos judiciales largos y costosos.
Otras soluciones pasan por reforzar la seguridad de las viviendas, instalar alarmas conectadas a centrales de seguridad o recurrir a servicios legales especializados que puedan acelerar el proceso judicial en caso de ocupación, ¿la peor parte? Los altos costos a que los que se tienen que enfrentar los propietarios de los inmuebles okupados. También se está debatiendo en el ámbito político una reforma legal que permita actuar de forma más eficaz contra este tipo de okupaciones, especialmente las orquestadas por mafias organizadas.
