La reciente revelación de problemas en el funcionamiento de los centros de menores en Aragón ha generado una intensa discusión política y social. La vicepresidenta y portavoz del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, ha declarado que el Ejecutivo de Jorge Azcón se enfrenta a «un sistema de gestión de los centros de menores que no ha sido eficaz». Esto ha llevado a una evaluación exhaustiva de las prácticas y procedimientos en estos establecimientos, con el objetivo de garantizar el bienestar y la seguridad de los menores bajo su tutela.
Durante su visita a María de Huerva, Vaquero ha defendido el «contundente y solvente» relato de los hechos ocurridos en el Centro de Atención de Menores (CAM) de Ateca (Zaragoza). Estos acontecimientos han sido «muy complicados» y han requerido una minuciosa recopilación de información para garantizar el bienestar, la seguridad, la identidad y la privacidad de los menores involucrados.
Investigación y Colaboración con la Justicia
El Gobierno de Aragón ha dejado claro que el bienestar de los menores es su máxima prioridad. Como tutor de estos jóvenes, el Ejecutivo regional está comprometido a colaborar plenamente con la justicia y a aclarar lo sucedido, con el fin de evitar que este tipo de situaciones vuelvan a ocurrir.
La portavoz del Gobierno, Mar Vaquero, ha rechazado las críticas de la portavoz de Bienestar Social y Familia del PSOE Aragón, Pilimar Zamora, quien ha exigido responsabilidades de manera «precipitada». Vaquero ha argumentado que Zamora debería ser «más responsable» y tener en cuenta que el Partido Socialista ha gobernado en los últimos ocho años, siendo el responsable de «institucionalizar este modelo de gestión» que ha llevado a este «mal funcionamiento».
Medidas Correctivas y Auditoría de Contratos
El Gobierno de Aragón ha anunciado que llevará a cabo una investigación exhaustiva para «clarificar estos hechos» y evitar que se repitan. Además, ha puesto toda la información a disposición de la jueza Aída Ramírez, titular del Juzgado de Instrucción número 2 de Calatayud (Zaragoza), quien instruye el caso.
Como parte de las medidas correctivas, el Ejecutivo regional ha aprobado un plan de trabajo que incluye un expediente de investigación «para ver qué ha ocurrido aquí». Asimismo, se han tomado otras acciones, como la rescisión del contrato con la UTE que gestionaba el CAM de Ateca.
Según Mar Vaquero, algunas de las denuncias, como el caso de una niña, se produjeron en 2023 durante el Gobierno del Partido Socialista. La portavoz del Gobierno ha advertido que no se puede permitir que este tipo de «comunicaciones, incidencias y quejas» no sean debidamente elevadas y atendidas. Para abordar este problema, el Ejecutivo está auditando todos los contratos de centros similares y asimilables.
En resumen, el Gobierno de Aragón se enfrenta a un desafío significativo en la gestión de los centros de menores, heredado de administraciones anteriores. Sin embargo, ha demostrado su determinación de investigar a fondo lo sucedido, colaborar con la justicia y poner en marcha medidas correctivas para garantizar el bienestar y la seguridad de los niños y jóvenes bajo su responsabilidad.
