El portavoz del Gobierno de la Comunidad de Madrid, Miguel Ángel García Martín, ha exigido que el líder de Junts y «prófugo de la justicia», Carles Puigdemont, sea detenido «si pisa España» porque «se ha saltado el ordenamiento jurídico» con la celebración del referéndum ilegal y «no debería tener ningún estatus de privilegio por mucho que sea el socio preferente en este momento» del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.
Esta declaración se ha producido tras una reunión del portavoz gubernamental con asociaciones de venezolanos en Madrid. García Martín ha sido contundente al afirmar que «si Puigdemont pisa en nuestro país, desde luego tiene que ser detenido, porque es una persona que ha incumplido nuestro ordenamiento jurídico y, de hecho, huyó del país porque había tratado de dar un golpe de Estado desde Cataluña y porque se habían saltado las normas y las leyes que rigen en nuestro país».
La Agenda Secesionista de Puigdemont
El portavoz madrileño ha lamentado que «ya sea desde cualquier rincón» de España o del extranjero, Puigdemont «lo que quiere es continuar con esa agenda secesionista«, al tiempo que ha criticado que «marca a Sánchez lo que tiene que hacer o no tiene quehacer» porque el PSOE necesita los siete votos de Junts en el Congreso de los Diputados.
García Martín ha recordado que Puigdemont «ha elegido voluntariamente a sus socios, ha elegido a Bildu, es decir, a los herederos de ETA. Ha elegido a Esquerra Republicana y a Junts, es decir, a aquellos que dieron un golpe de Estado desde Cataluña para tratar de romper el modelo de convivencia que nos hemos dado todos los españoles en democracia».
La Defensa del Modelo de Financiación Autonómica
Por otro lado, el portavoz de la Comunidad de Madrid ha insistido en que el gobierno autonómico usará «todos los medios a su alcance, también los judiciales» para que el cambio fiscal en Cataluña que recoge el pacto PSC-ERC «no se produzca» y que se mantenga así «el sistema de financiación de las comunidades autónomas con ese principio consagrado en la Constitución de solidaridad.
Este posicionamiento del Gobierno de la Comunidad de Madrid evidencia la tensión y el choque de intereses entre las diferentes administraciones públicas en torno a cuestiones tan sensibles como el modelo de financiación autonómica y la situación política en Cataluña. La detención de Puigdemont sería un duro golpe para las aspiraciones secesionistas, pero también supondría un nuevo escenario de confrontación entre el Ejecutivo regional y el Gobierno central.
