La Policía Nacional española se encuentra en el centro de una disputa sindical que pone en tela de juicio la calidad y legitimidad de la formación impartida a sus agentes. Los sindicatos Jupol y Agrupación Reformista de Policías (ARP) han expresado su rechazo al reciente acuerdo entre el sindicato SUP y la organización Desokupa, cuyo objetivo es ofrecer cursos de formación en desalojos a los agentes policiales.
EL RECHAZO DE LOS SINDICATOS POLICIALES
Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se responsabilice de la formación avanzada de los agentes, evitando así que sean los sindicatos quienes deban encargarse de esta tarea. La organización sindical considera que el acuerdo entre SUP y Desokupa supone un «grave perjuicio» para la institución policial, ya que los agentes recibirán una «formación no homologada y no baremable».
Por su parte, la Confederación Española de Policía (CEP) ha expresado que los agentes no necesitan «a nadie de fuera» que les enseñe a realizar su labor, pues cuentan con «instructores profesionales y cualificados» dentro de la propia Policía Nacional.
En la misma línea, ARP considera que este acuerdo supone una «amenaza grave y directa al respeto de los valores democráticos» y ha pedido que se revisen las subvenciones otorgadas al sindicato SUP. Según ARP, el hecho de que una organización como Desokupa, a la que han calificado de «extrema derecha», forme a policías «podría introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial», poniendo en entredicho el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos.
LA PREOCUPACIÓN POR LA INFLUENCIA EXTERNA
Los sindicatos policiales han expresado su preocupación por la posible «injerencia externa» en la formación de los agentes. Jupol ha solicitado a la Dirección General de la Policía que se haga cargo de la formación avanzada, para evitar que sean los sindicatos quienes tengan que asumir esta responsabilidad.
Asimismo, ARP ha señalado que el acuerdo entre SUP y Desokupa podría «introducir sesgos y prejuicios en la actuación policial», lo que pondría en duda el compromiso de la Policía Nacional con el Estado de Derecho y los Principios Democráticos. Esto ha llevado a la organización sindical a exigir al ministro del Interior que revise las subvenciones otorgadas al sindicato SUP.
LA DEFENSA DE LA INSTITUCIÓN POLICIAL
Los sindicatos Jupol y ARP han hecho un llamamiento a las autoridades competentes para que defiendan la institución policial y eviten que se identifique a todos los agentes de la Policía Nacional «con el fascismo más radical y extremo».
ARP ha declarado que «no se puede financiar con dinero público o de los propios afiliados ajenos a este acuerdo, actividades contrarias a la convivencia social y el buen hacer de los policías de nuestro país». Además, han pedido a los «grupos políticos y sindicales democráticos» que se unan y les apoyen para evitar esta «peligrosa deriva».
En resumen, el desacuerdo sindical en torno a la formación policial ha desencadenado una disputa que pone en riesgo la integridad de la Policía Nacional y su compromiso con los valores democráticos. Los sindicatos Jupol y ARP han expresado su firme rechazo al acuerdo entre SUP y Desokupa, y han exigido a las autoridades que intervengan para salvaguardar la institución policial y evitar cualquier tipo de influencia externa que pueda afectar a la imparcialidad y profesionalidad de los agentes.
