El vicesecretario general de Política Sindical de UGT, Fernando Luján, ha criticado firmemente la postura de la CEOE, calificándola como «excusas de mal pagador» en lo que respecta a la modificación del despido improcedente. Luján ha enfatizado que, independientemente de si la CEOE considera el fallo del Comité Europeo de Derechos Sociales (CEDS) como vinculante o no, «la ley es la ley» y los tribunales de justicia ya están aplicándola.
El Fallo del CEDS y sus Implicaciones
El CEDS ha determinado que la indemnización por despido improcedente en España «no cumple» con la Carta Social Europea, al considerar que «no son disuasorias ni reparatorias«. Luján ha destacado que la reforma laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy en 2012, «sin hablar con los interlocutores sociales«, «rebajó sustancialmente la indemnización por despido improcedente» de 45 a 33 días por año trabajado y «desaparecían los salarios de tramitación«, lo que supuso una «gran vulneración de los derechos de los trabajadores.
Las Reclamaciones Sindicales y las Próximas Acciones
Según Luján, el CEDS «da la razón» al sindicato, que presentó una reclamación colectiva, y señala que «para que una compensación por un despido injusto cumpla con los estándares europeos tiene que cubrir el reembolso de las perdidas financieras» durante el periodo de litigio -los salarios de tramitación-, prever la posibilidad de readmisión, que la indemnización sea «disuasoria» y sirva para «resarcir el daño causado«.
En este sentido, el sindicato reclama «fijar una indemnización plenamente resarcitoria del daño causado; eliminar o elevar los topes de compensación; fomentar la reincorporación; incluir Salarios de Tramitación y asegurar una tramitación judicial más rápida«.
Luján ha apelado al Gobierno de España a que «deje de incumplir un tratado internacional, vuelva a la senda de cumplir los derechos humanos y convoque con carácter inmediato la mesa de dialogo social para corregir una legislación que es contraria al derecho internacional.
Además, ha señalado que en Navarra, durante el año 2022, se produjeron 826 demandas en materia de despidos con una indemnización media de 9.126,9 euros, lo que supuso que «las empresas navarra han pagado 7,5 millones por incumplir la ley«. Esto, según Luján, «no tiene ni carácter disuasorio ni resarcitorio«.
En conclusión, la postura de la CEOE frente a la modificación del despido improcedente en España ha sido fuertemente criticada por el sindicato UGT, que considera que es necesario cumplir con los estándares internacionales y garantizar una indemnización justa y reparadora para los trabajadores despedidos de manera improcedente. El Gobierno de España deberá tomar medidas urgentes para atender estas reclamaciones y garantizar el cumplimiento de los derechos laborales a nivel nacional e internacional.
