La recientemente anulada condena de los expresidentes andaluces Manuel Chaves y José Antonio Griñán en el caso de los ‘ERE’ ha reavivado las críticas de Vox hacia la supuesta «desigualdad» de los españoles ante la ley. El partido de extrema derecha ha denunciado que los políticos pueden «robar a espuertas» sin ser debidamente castigados, cuestionando así la imparcialidad del Tribunal Constitucional y el sistema judicial español.
Este escándalo ha generado una fuerte reacción en Vox, que acusa al bipartidismo de haber «consagrado la desigualdad de los españoles» y de haber utilizado su poder para crear una «clase privilegiada e impune». La formación, liderada por Santiago Abascal, ha sido especialmente crítica con el Tribunal Constitucional y el Partido Popular, a quienes responsabiliza de facilitar la supuesta impunidad de los políticos.
EL ESCÁNDALO DE LOS ‘ERE’ Y LA ANULACIÓN DE LAS CONDENAS
El Tribunal Constitucional ha anulado este martes las condenas de Chaves y Griñán por el caso de los ‘ERE’. Concretamente, el tribunal ha exonerado al primero de la parte de prevaricación por la que fue condenado a nueve años de inhabilitación, mientras que ha perdonado al segundo toda la malversación por la que recibió una condena de seis años de cárcel.
Esta resolución ha sido interpretada por Vox como una muestra de la «desigualdad» de los españoles ante la ley. El partido considera que los políticos pueden «robar a espuertas» sin recibir un castigo adecuado, lo que contrasta con el trato que reciben otros ciudadanos. Vox acusa al bipartidismo de haber «utilizado su voto para crear una clase privilegiada e impune» en la que los políticos quedan exentos de rendir cuentas por sus actos.
La portavoz de Vox en el Congreso, Pepa Rodríguez de Millán, ha sido especialmente crítica con el Tribunal Constitucional, al que ha acusado de estar «al servicio del PSOE» y de «estafar a los andaluces honrados» a quienes «robaron más de 680 millones de euros» en el caso de los ‘ERE’. Según Rodríguez de Millán, esta situación es la «consecuencia de la politización de las instituciones por el bipartidismo«, lo que impide que los españoles cuenten con un Tribunal neutral que vele por sus derechos y libertades fundamentales.
LA REACCIÓN DE VOX: DENUNCIA DE LA «DESIGUALDAD» ANTE LA LEY
El líder de Vox, Santiago Abascal, ha sido uno de los principales críticos de la resolución del Tribunal Constitucional. En un mensaje publicado en su cuenta de la red social X (antes Twitter), Abascal ha afirmado que «el PP y el PSOE han consagrado la desigualdad de los españoles» y ha pedido a sus votantes saber que ambas formaciones «han utilizado su voto para crear una clase privilegiada e impune«.
Abascal también ha arremetido directamente contra el Tribunal Constitucional y el Partido Popular, a quienes ha acusado de hacer posible que «el hampa gobierne España». Según el líder de Vox, el tribunal «lo hace posible» porque «el PP se lo ha regalado al PSOE».
Esta fuerte crítica de Vox refleja la frustración del partido ante lo que considera una muestra más de la impunidad de los políticos. Para Vox, el caso de los ‘ERE’ y la anulación de las condenas de Chaves y Griñán son la evidencia de un sistema judicial sesgado y al servicio de los intereses del bipartidismo, lo que erosiona la confianza de los ciudadanos en las instituciones democráticas.
EL DEBATE SOBRE LA IGUALDAD ANTE LA LEY
La reacción de Vox ante la resolución del Tribunal Constitucional pone de manifiesto el debate en torno a la igualdad de los españoles ante la ley. El partido considera que los políticos disfrutan de una inmunidad que les permite eludir las consecuencias de sus actos, mientras que el resto de la población es juzgada con mayor severidad.
Esta percepción de desigualdad alimenta la narrativa de Vox sobre la existencia de una «clase privilegiada» que se escuda en el sistema político-judicial para mantener su impunidad. Para el partido, este caso es una prueba más de que el bipartidismo ha distorsionado el funcionamiento del Estado de Derecho en beneficio propio.
Sin embargo, es importante analizar esta cuestión desde una perspectiva más amplia y objetiva. La anulación de las condenas de Chaves y Griñán obedece a criterios jurídicos y no a una supuesta manipulación política, como denuncia Vox. Aunque el caso pueda generar frustración y rechazo entre los ciudadanos, el respeto al debido proceso y a las garantías judiciales es fundamental para preservar el Estado de Derecho.
En este contexto, el debate sobre la igualdad ante la ley debe trascender las acusaciones partidistas y centrarse en la búsqueda de soluciones que fortalezcan la imparcialidad y la transparencia del sistema judicial, sin caer en la tentación de socavar sus principios básicos en aras de una supuesta «justicia» más expeditiva.
