La situación política en España se encuentra en un momento de turbulencia, con diversos cambios y desacuerdos entre los partidos que conforman los gobiernos regionales. Tras la decisión de Vox de romper los pactos de coalición con el Partido Popular (PP) en cinco comunidades autónomas, algunas autonomías se han rebelado contra esta medida, manteniendo a sus consejeros de Vox en los ejecutivos autonómicos.
En Extremadura y Castilla y León, dos consejeros de Vox se han negado a acatar la orden de la dirección nacional del partido de dejar los gobiernos de coalición con el PP. Se trata de Ignacio Higuero, consejero de Gestión Forestal y Mundo Rural de la Junta de Extremadura, y Gonzalo Santonja, consejero de Cultura, Turismo y Deporte de la Junta de Castilla y León. Ambos han decidido continuar con sus responsabilidades en los respectivos gobiernos regionales, a pesar de la decisión de Vox.
EXTREMADURA Y CASTILLA Y LEÓN MANTIENEN A SUS CONSEJEROS DE VOX
La presidenta de Extremadura, María Guardiola, ha informado que Ignacio Higuero continuará en su puesto, después de que este le haya «transmitido su firme voluntad de seguir sirviendo a los extremeños al frente de la consejería». Guardiola considera que el consejero ha dado «un paso valiente y comprometido».
Por su parte, el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha decidido mantener a Gonzalo Santonja en su Ejecutivo, ya que tiene su «confianza personal». Sin embargo, Mañueco ha cesado a los otros dos consejeros que Vox había designado en la región: Mario Veganzones y Gerardo Dueñas. Este último posteriormente ha dejado sus cargos orgánicos y ha abandonado el partido.
VOX AMENAZA CON EXPULSAR A QUIENES SE NIEGUEN A SALIR DE LOS GOBIERNOS
Antes de conocerse la posición adoptada por los dos consejeros mencionados, el líder de Vox, Santiago Abascal, se había referido a la posibilidad de que algunos cargos decidieran no abandonar sus puestos o pasarse al PP. Abascal ha asegurado que «comprende humana y políticamente» que haya personas que quieran quedarse, pero ha advertido que serían expulsados del partido. «Si esas personas se quedan, no serán de Vox», ha zanjado.
La situación se ha complicado aún más en otras comunidades autónomas, donde los cargos de Vox han presentado sus dimisiones o han sido cesados. En la Comunidad Valenciana, el vicepresidente, Vicente Barrera, y los otros dos consejeros valencianos, Elisa Núñez y José Luis Aguirre, han sido cesados. Además, el PP ha pedido la salida de la presidenta de las Cortes Valencianas, Llanos Massó, que accedió al cargo en virtud del acuerdo suscrito entre los ‘populares’ y Vox.
En Murcia, el hasta ahora vicepresidente de Vox, José Ángel Antelo, y el consejero de Fomento e Infraestructuras, José Manuel Pancorbo, también han presentado su dimisión al presidente del Ejecutivo de la región, Fernando López Miras. Antelo ha sugerido un adelanto electoral, alegando que el PP queda en minoría y «lo más razonable es que Murcia elija qué modelo quiere».
En Aragón, el vicepresidente Alejandro Nolasco y el consejero de Agricultura, Ángel Samper, también han presentado su renuncia, tras lo que el jefe del Ejecutivo autonómico, Jorge Azcón, ha remodelado su Gobierno. Vox también ostenta la Presidencia del Parlamento gracias al acuerdo suscrito con los ‘populares’, pero la continuidad de Marta Fernández al frente de las Cortes depende de Vox.
Finalmente, en Baleares, el líder de Vox, Santiago Abascal, anunció la retirada del apoyo parlamentario al Gobierno en minoría del PP. Por el acuerdo para la investidura de Marga Prohens, Vox logró la Presidencia del Parlament balear, que ostenta Gabriel Le Senne, una figura polémica tras el episodio de las fotos de víctimas de la Guerra Civil. Prohens ha dado por hecho que Le Senne no continuará como presidente del Parlament.
En resumen, la ruptura de los pactos de coalición entre Vox y el PP en las diferentes comunidades autónomas ha desencadenado una situación compleja y cambiante, con algunos cargos de Vox rebelándose contra la decisión de su partido y manteniendo sus responsabilidades en los gobiernos regionales. Esta situación pone de manifiesto las tensiones y desacuerdos entre las dos formaciones políticas, y su impacto en la gobernabilidad de varias comunidades autónomas.
