La Juez de Majadahonda sigue investigando las presuntas irregularidades en la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) durante la presidencia de Luis Rubiales. Esta semana, se han producido dos nuevas citaciones que podrían arrojar luz sobre el caso.
Interrogatorio al exdirector de la Asesoría Jurídica de la RFEF
Pedro Manuel González Segura, exdirector de la Asesoría Jurídica de la RFEF y uno de los cinco arrestados por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en marzo, ha sido llamado a declarar este martes.
Según la investigación, González Segura tenía la responsabilidad de aprobar los gastos de su área, incluyendo facturas ordinarias y extraordinarias emitidas por el despacho GC Legal a la RFEF. Sin embargo, los gastos superiores a 20.000 euros requerían la aprobación de la comisión económica.
La juez también investiga la aprobación de una nueva obra de la RFEF a la constructora Gruconsa en febrero de este año. Según la investigación, la aprobación se habría llevado a cabo mediante la presentación de dos presupuestos ficticios, lo que podría constituir un delito de corrupción.
Además, se investiga una llamada telefónica donde se alude a una posible compensación a un abogado con dinero federativo. La RFEF había decidido no cubrir los gastos derivados de procedimientos civiles impulsados por Rubiales, lo que sugiere una posible administración desleal.
González Segura, como investigado, tiene derecho a no declarar o a contestar solo a las preguntas de su abogado o de las partes que considere oportuno.
Declaración del responsable de 'compliance' de la RFEF
Francisco Javier Puyol, responsable de 'compliance' de la RFEF, ha sido citado este martes como testigo. Al ser testigo, está obligado a responder a todas las partes y a decir la verdad.
Esta nueva ronda de interrogatorios se suma a las declaraciones ya tomadas a varios investigados, incluyendo Rubiales, Pedro Rocha, Tomás González Cueto, Ángel González Segura, así como a testigos como Elvira Andrés, Ana Muñoz y Andreu Camps.
La Juez de Majadahonda investiga el traslado de la Supercopa masculina de fútbol a Arabia Saudí y presuntos delitos de corrupción en los negocios, administración desleal y blanqueo de capitales. La investigación se centra en una pieza separada, conocida como 'Brody', por el supuesto desvío de fondos en irregularidades asociadas a contratos.
La juez ha descartado enviar el caso a la Audiencia Nacional al considerar que no está acreditada su competencia para investigar los hechos. Además, ha acordado prorrogar otros seis meses la investigación, dado que le quedan diligencias por practicar, como recabar el resultado de la comisión rogatoria remitida a Andorra o el informe de la UCO respecto a la documentación intervenida en las entradas y registros.
