La Ley de Volcanes es una iniciativa legislativa popular que ha sido aprobada por el Pleno del Parlamento de Canarias, con el respaldo unánime de todos los grupos políticos representados. Esta ley tiene como objetivo otorgar derechos a los afectados por erupciones volcánicas en las Islas Canarias, y preparar a la región para hacer frente a los desafíos futuros que plantean estos fenómenos naturales.
El portavoz de la comisión promotora de la ley, Juan González, ha destacado que esta normativa surge como respuesta a la «devastadora» experiencia de la erupción del volcán en la isla de La Palma. Según González, esta ley representa un «fracaso» de los partidos políticos, ya que recoge los mismos puntos que un «plan de acción» presentado anteriormente a las diferentes instituciones, sin que estas les prestaran la debida atención.
La Ley de Volcanes: Derechos y Preparación
La Ley de Volcanes tiene como objetivo fundamental otorgar derechos a los afectados por erupciones volcánicas en las Islas Canarias. Según los promotores, esta ley es «del pueblo para el pueblo«, ya que surge tras un «largo proceso burocrático despersonalizado y carente de empatía» en el que se tomaban decisiones sin la debida coordinación entre las diferentes administraciones.
Los promotores de la ley consideran que las ayudas económicas ofrecidas hasta el momento han sido «insuficientes«, y han criticado la «lentitud y deshumanización» del proceso de reconstrucción, así como la falta de un plan de salud mental para los afectados. Asimismo, han señalado la necesidad de que la isla de La Palma se ponga por delante de los «cálculos electorales» de los partidos políticos.
Preparación y Adaptación a Futuras Erupciones
Los portavoces de los diferentes grupos políticos han coincidido en la necesidad de que la Ley de Volcanes sea una «herramienta viva» que se adapte a las necesidades cambiantes de la región. Según el portavoz del Grupo Mixto, Raúl Acosta, esta ley es necesaria dado que habrá más erupciones volcánicas en el futuro, y es importante «afinar bien» para evitar «duplicidades» entre las diferentes administraciones.
Además, los grupos políticos han resaltado la importancia de «aprender de la experiencia» y «no improvisar» con la toma de medidas, ya que, como ha señalado el portavoz de NC-BC, Luis Campos, las próximas erupciones tendrán un «impacto similar» sobre la población de las islas.
En definitiva, la Ley de Volcanes se presenta como una iniciativa fundamental para proteger a los afectados por erupciones volcánicas y preparar a las Islas Canarias para hacer frente a los desafíos futuros que plantean estos fenómenos naturales. Con el respaldo unánime de los grupos políticos, esta ley busca ser una herramienta viva que se adapte a las necesidades cambiantes de la región, y que permita a las Islas Canarias afrontar con mayor resiliencia y preparación los próximos eventos volcánicos.
